Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, declaró que la corrupción en el sistema de justicia es una de las formas más perjudiciales, ya que compromete la seguridad jurídica y permite que el derecho se vuelva "soluble en dinero". Estas declaraciones se produjeron en Santo Domingo el 7 de abril de 2026, al referirse al "grave" caso del fiscal adjunto Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir 10,000 dólares.
Valdez Alcántara enfrenta un proceso judicial por soborno, tras ser capturado en una operación de "entrega vigilada" ejecutada por el propio Ministerio Público. Se le imputa haber solicitado beneficios económicos a Roberto Canaán, testigo en el caso Senasa, a cambio de modificar el curso de las investigaciones bajo su cargo.
El magistrado Camacho enfatizó que este caso es resultado de un proceso de inteligencia interna, diseñado para erradicar conductas ilícitas dentro de la institución. Reafirmó la política de "tolerancia cero" de la Procuraduría General de la República y la Dirección de Persecución, asegurando que cualquier acto de corrupción con evidencia será llevado ante los tribunales. La investigación permanece abierta para determinar posibles implicaciones de otras personas o vínculos con casos anteriores, mientras se recolectan pruebas adicionales.
