En este país las leyes no siempre se violan a escondidas. A veces se violan a plena luz del día, frente a las autoridades y durante años, hasta que una tragedia obliga a todos a fingir sorpresa.
La Ordenanza 14-2021 restringe la circulación de vehículos de carga por el Malecón. Entre las 6 y las 9 de la mañana están prohibidos. El tanquero que explotó fue reportado a las 6.56. No debía estar allí. Dos personas murieron en una tragedia que esa norma buscaba prevenir.
Llamarlo un accidente aislado sería demasiado cómodo. Fue también el resultado de una costumbre nacional. El Ayuntamiento ordena, el INTRANT administra los permisos y la DIGESETT vigila, pero nadie responde cuando la ley se convierte en letra muerta. Todos tienen competencia hasta que llega la hora de asumir responsabilidad.
Ahora aparecerán agentes, retenes y comunicados. Durarán lo que dure el escándalo. Después, si nada cambia, los camiones volverán al Malecón y la ordenanza regresará al archivo donde nunca molesta a nadie.
El verdadero problema no es que falten reglas. Es que aquí violarlas sale barato y no hacerlas cumplir sale gratis.
Dos personas pagaron con la vida esa indiferencia. Si no hay consecuencias, no estaremos ante una tragedia inesperada. Estaremos ante un Estado que fue advertido, cerró los ojos y decidió esperar al próximo muerto.
