Hay decisiones que hacen más daño por el mensaje que envían que por su resultado. Lo ocurrido con las consultas sobre el Código Penal es una de ellas.
Se convocó a la sociedad a participar. Se pidió a instituciones, organizaciones, gremios y ciudadanos que estudiaran un proyecto de cientos de artículos y presentaran sus observaciones. La respuesta fue ejemplar. 93 propuestas con sugerencias para modificar 399 artículos. Detrás de cada documento había trabajo, conocimiento y el compromiso de quienes decidieron creer que su voz tendría algún valor.
Pero bastaron tres días para destruir esa confianza. Al final, solo se aprobaron 32 modificaciones que impactaron apenas 24 artículos.
Si la inmensa mayoría de esas propuestas no fue objeto de una evaluación seria, entonces la consulta nunca fue una consulta. Fue una escenificación. Un acto para cumplir con la forma mientras el fondo ya estaba decidido.
Ese es el verdadero agravio. No se ignoraron simplemente papeles. Se ignoró a la ciudadanía. Se invitó a participar para luego actuar como si esa participación fuera un estorbo. No hay mayor falta de respeto en una democracia que pedir la opinión de la gente cuando nunca existió la intención de escucharla.
La ofensa, además, es doble. Se hace perder el tiempo a quienes actuaron de buena fe y, al mismo tiempo, se destruye la credibilidad de cualquier futura convocatoria. Porque quien hoy ve que cientos de propuestas terminan prácticamente en el zafacón, mañana tendrá toda la razón para preguntarse por qué volver a participar.
Las leyes pueden corregirse. Los errores legislativos pueden enmendarse. Lo más difícil de recuperar es la confianza.
