Lo decidido en el caso de Jean Andrés Pumarol no parece un acto de justicia. Parece un acto de ligereza frente a un hecho de extrema gravedad. Después de ver los videos del reportaje de Nuria Piera, la sensación que queda es de alarma. No se entiende cómo un juez pudo concluir con un no ha lugar y abrir la puerta a la libertad de alguien cuya peligrosidad debió ser evaluada con el máximo rigor.
Lo más inquietante es que los peritos no hablaron de certeza. Hablaron de probabilidad. Probabilidad de que actuara bajo un brote psicótico. Y cuando lo que existe es una hipótesis probable, pero no una conclusión absoluta e incuestionable, lo responsable era llevar ese debate a un juicio de fondo, profundizar pruebas, contrastar criterios y agotar el proceso. No cerrar el caso de forma anticipada, como si no quedaran dudas esenciales por responder.
Aquí no solo debía ponderarse la situación del imputado. También debía ponderarse el riesgo para la sociedad. ¿Quién garantiza que no volverá a ocurrir? ¿Quién puede dar esa seguridad? Nadie. Mucho menos una familia que ya falló en su deber de control, tutela y contención. Si antes no pudieron evitar el desenlace, no hay razón seria para creer que ahora sí podrán hacerlo.
Jean Andrés Pumarol necesita atención psiquiátrica, sin duda. Pero no en libertad ni bajo la discrecionalidad familiar. La respuesta correcta es un pabellón psiquiátrico vigilado, bajo supervisión del Estado, con controles estrictos y condiciones claras. La compasión no puede convertirse en imprudencia. Y la justicia no puede desentenderse del deber de proteger a la sociedad. Esperamos que en apelación esta decisión sea revertida.
