Los sindicatos, tal como operan en demasiados sectores de este país, han dejado de ser instrumentos de defensa laboral para convertirse en estructuras de presión, chantaje y control. No protegen al trabajador. Protegen a sus cúpulas. Y esas cúpulas, muchas veces, viven del conflicto, de la amenaza y de la capacidad de paralizar servicios esenciales hasta doblarle el brazo al Estado o al sector privado.
Ese es el verdadero problema. Cuando un sindicato decide quién puede trabajar, quién entra, quién sale, cuánto se cobra y bajo qué condiciones, no estamos ante representación gremial. Estamos ante un monopolio de facto sostenido por la intimidación. Y cuando sus dirigentes son los primeros que capitalizan ese poder, incurriendo en evidentes conflictos de intereses, el sindicalismo degenera en negocio.
La Constitución consagra la libertad de empresa y la libre competencia. Eso significa que ninguna actividad económica debería quedar secuestrada por grupos que se asumen dueños de un sector. Cualquier empresa, en cualquier rubro, debe poder operar sin arrodillarse ante un sindicato que controle el mercado como si fuera su finca privada.
Aquí debe sobrevivir el mejor servicio, la mayor eficiencia y el precio que decida el mercado, no el impuesto por asociaciones de presión que viven de cerrar el paso. Pero ese poder no nació solo. Se lo dio un Estado débil, complaciente y temeroso, que durante años ha cedido ante el chantaje y ha legitimado la extorsión con silencio, privilegios y cobardía.
