La Resolución núm. 0038/2024 del Ministerio de Medio Ambiente deja una línea clara que no debería prestarse a interpretaciones interesadas. La evaluación ambiental no es solo técnica. No se limita a estudios, modelos y promesas de mitigación. También incorpora la armonía social, la percepción ciudadana, las vistas públicas y la verificación de conflictos en el territorio.
Ese punto cambia el eje del debate. Porque el Proyecto Romero no solo debe pasar por un análisis científico. También debe pasar por el juicio de la comunidad que convivirá con sus efectos. Y ahí es donde la discusión se vuelve más compleja.
San Juan está hablando. Y esa voz no puede ser reducida a resistencia irracional o falta de información. Existe una memoria colectiva marcada por experiencias mineras que no cumplieron lo prometido y dejaron dudas, impactos y un sentimiento persistente de abuso. Esa historia pesa sobre cualquier nuevo proyecto.
Por eso el tema no es únicamente si el Proyecto Romero puede demostrar que no contaminará. La pregunta es si puede hacerlo en un contexto de confianza social. Y hoy esa confianza no parece existir.
Forzar una aprobación en esas condiciones no resolvería el problema. Lo agravaría. Porque un proyecto sin aceptación social no genera desarrollo sostenible. Genera conflicto. Si no hay armonía social, no debe haber minería. No como consigna, sino como consecuencia lógica de la propia política ambiental vigente.
