El acuerdo migratorio con Estados Unidos entra en ese grupo de decisiones que, en el discurso, se pueden adornar con soberanía, independencia y dignidad nacional, pero que en la práctica tienen muy poco margen real de negativa.
Vivimos una etapa de política exterior marcada por el hard power de Donald Trump. No hay demasiadas zonas grises. La embajadora lo dijo con claridad política, aunque sonara incómodo, no se puede estar con Dios y con el diablo. Y en esa realidad, República Dominicana está colocada en una posición donde decir que no podía tener un costo mucho mayor que aceptar.
El problema, entonces, quizás no era el fondo. Bajo esta coyuntura, el fondo podía ser inevitable. El verdadero problema era la forma.
Si el país debía aceptar el acuerdo, pudo hacerlo con controles visibles, con garantías públicas y con un mecanismo de verificación que redujera la sospecha. Se pudo crear una comisión de veedores que revisara caso por caso quién entraba y bajo qué condiciones. No una revisión superficial de antecedentes que aparecen en Google, sino una evaluación seria de informes de inteligencia, vínculos con narcotráfico, terrorismo, crimen organizado o estructuras delictivas.
Esa comisión pudo incluir un representante de la DNI, una voz de sectores nacionalistas, un medio de periodismo de investigación, juristas independientes y especialistas en seguridad.
Aceptar una realidad geopolítica no obliga a entregar la forma. El Gobierno pudo cambiar el empaque sin negar el fondo. Pudo decir sí, pero con reglas dominicanas. Pudo asumir la presión internacional sin abandonar la transparencia nacional.
