El Senado dominicano aprobó en segunda lectura un proyecto de ley que modifica la Ley de partidos 33-18. Esta propuesta busca evitar la entrada de dinero ilícito en la política mediante controles financieros más estrictos.
Los aspirantes a cargos electivos deberán someterse a pruebas antidopaje y presentar certificaciones de no antecedentes penales de los últimos 15 años. Además, se implementarán procedimientos de "debida diligencia" para verificar antecedentes y origen de recursos de candidatos y donantes.
La Junta Central Electoral tendrá mayores facultades para supervisar el financiamiento partidario, incluyendo la fiscalización de los sistemas internos de cumplimiento y la verificación de la identidad de los donantes.
