Los escoltas motorizados, conocidos como franqueadores, forman parte del esquema de seguridad de altos funcionarios del Estado, incluyendo al Presidente y Vicepresidente de la República. Asimismo, algunos funcionarios civiles y militares de instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana y nacional cuentan con este tipo de escolta como parte de su dispositivo de protección. Es importante destacar que en el pasado estos agentes han sido erróneamente denominados "flanqueadores", incluso en documentos oficiales, una confusión aclarada por la Fundéu Guzmán Ariza en diversos artículos publicados en 2022.
Durante las últimas dos décadas, los gobiernos han sido objeto de críticas por el uso indiscriminado de escoltas motorizados, asignándolos a funcionarios de menor jerarquía o a personas cercanas a altos mandos. Esta práctica ha generado indignación en la ciudadanía, que en múltiples ocasiones se ha sentido irrespetada y avasallada. En algunos casos, este descontento ha sido utilizado como tema de contraste en campañas electorales.
Para corregir estas irregularidades, con la llegada del presidente Luis Abinader en 2020, se implementaron medidas para limitar el uso de franqueadores. El mandatario quien ha sido critico vocal de las prácticas asociadas a la vieja política, promovió prontamente la emisión del Decreto 3-22, el 8 de enero de 2022, con el objetivo de regular el uso de estos dentro del Estado, alineándose con una política de austeridad y optimización del gasto público. Posteriormente, el 7 de febrero de 2024, el Poder Ejecutivo reforzó estas disposiciones con el Decreto 71-24, reiterando los doce cargos con derecho a este tipo de escolta y ordenando a las autoridades militares y policiales restringir y vigilar su uso. Únicamente el Ministro Administrativo de la Presidencia quedó autorizado para permitir su uso excepcional mediante una circular.
El pasado viernes 21 de febrero, un hecho reavivó el debate sobre el uso irregular de franqueadores. A través de una denuncia difundida por El Testigo, se evidenció a un individuo transitando abordo de una Mercedes Benz Clase G, de manera temeraria y agresiva por la avenida Abraham Lincoln, escoltado por varias motocicletas y una Chevrolet Tahoe sin placa.
De inmediato, usuarios en redes sociales señalaron que esta persona ha protagonizado múltiples incidentes en el polígono central y otros sectores de Santo Domingo. Comunicadores como Ju Sanz y otros divulgaron videos adicionales que mostraban la reincidencia de estas conductas. La situación tomó un giro aún más preocupante cuando, al verificar la placa EM00551 del vehículo Mercedes-Benz que era escoltado, se descubrió que pertenecía a un Hyundai Sonata N20, blanco, año 2008, registrado a nombre del Ayuntamiento Municipal de Boca Chica.
Este hallazgo plantea varias interrogantes: ¿quién es el escoltado?, ¿bajo qué modalidad le fue asignada esa placa por el Ayuntamiento de Boca Chica? Si la placa fue sustraída, ¿existe una denuncia ante la Policía Nacional? Más inquietante aún, ¿por qué este individuo aún no ha sido detenido y sometido a la justicia por estas evidentes violaciones a la ley? La ciudadania esta a la espera.
Casos como este deben servir como advertencia tanto para funcionarios civiles como para miembros de las fuerzas de seguridad sobre los riesgos del abuso de poder. Este tipo de despliegues ostentosos no solo generan rechazo social, sino que también contribuyen a la estigmatización de los cuerpos de seguridad y del servicio público. Las calles de Santo Domingo no son comparables a las de Sinaloa o Jalisco en México, ni a las de Mosul en Irak, ni mucho menos a las de Puerto Príncipe en Haití. Este tipo de despliegues ostentosos e innecesarios representan una falta de respeto a la ciudadanía y contradicen la visión de gobernanza promovida por el Presidente Abinader, quien ha sido enfático en la necesidad de transformar el Estado en un modelo de justicia e igualdad para todos.
Es fundamental que los medios de comunicación continúen visibilizando estos abusos, pues solo así pueden ser corregidos. Una ciudadanía vigilante es el mejor aliado de una gestión comprometida con la transparencia y el respeto a la ley. Algunos sostienen que la sociedad dominicana es olvidadiza y carece de memoria histórica, pero la realidad demuestra lo contrario: la ciudadanía observa, recuerda y, cuando llega el momento adecuado, actúa en consecuencia.
Este es un llamado fraterno a la reflexión para todos aquellos que, ya sea en el rol de franqueadores o franqueados, creen estar por encima de la ley y del bienestar colectivo.
