Esta sí es una decisión que merece respaldo. Que los ingresos de los servicios consulares pasen directamente al Estado no solo corrige una distorsión, también golpea una vieja cultura de privilegios, opacidad y manejo discrecional que por años convirtió demasiados consulados en territorios cómodos para unos pocos.
Durante demasiado tiempo se habló de sedes apetecidas, de puestos codiciados y de fondos que parecían tener más dueño que destino público. Era un secreto a voces. Y los secretos a voces, cuando se toleran desde el poder, terminan pareciéndose a la complicidad.
No por casualidad, cada vez que se mencionaban los consulados más deseados, aparecían los mismos nombres España, Nueva York y Haití. En los pasillos del poder, esos destinos cargaron durante años la fama de haber hecho millonarios a sus incumbentes mientras el Estado fingía no mirar.
Por eso hay que reconocerlo. Esta medida toca intereses, rompe costumbres y desmonta un esquema que muchos veían como botín. Ya está bueno de que el dinero que entra por servicios públicos termine orbitando alrededor de la discreción de funcionarios. Ese dinero no es del cónsul de turno, ni del grupo político que lo colocó, ni de la estructura que lo protege. Es del Estado. Y si es del Estado, debe entrar al Estado.
Señor Presidente, esto es precisamente lo que hace falta. Decisiones incómodas para quienes viven del desorden, pero correctas para el país. Medidas que no se diseñan para quedar bien con la nómina diplomática, sino con la ciudadanía. Claro que esta decisión le suma enemigos. Claro que tocará bolsillos, costumbres y vanidades. Pero cuando una medida le quita espacio al privilegio y se lo devuelve al interés público, no hay que titubear. Hay que sostenerla. Y hay que aplaudirla.
