Editoriales

Se da un plazo al Ministerio Público en la Operación Gavilán para finalizar la investigación

El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ha aceptado la petición del Ministerio Público y les ha dado un plazo de dos meses para finalizar las investigaciones y presentar la acusación formal contra los acusados en el caso de la Operación Gavilán.

Además, el juez Deiby Timoteo Peguero Jiménez decidió cambiar la medida cautelar contra los únicos acusados que estaban en prisión por este caso, que implica a ex empleados de la Procuraduría acusados de formar parte de una red que se dedicaba al borrado de más de 16 mil registros de personas con antecedentes penales a cambio de sobornos.

Este juez impuso una garantía económica de un millón de pesos a través de una empresa aseguradora, prohibición de salida y arresto domiciliario a los acusados Mártires Reyes, Alfredo Mirambeaux, Rubén Darío Morbán, Alfredo Astacio Polanco y Domingo Julio Santana.

También están involucrados Laudelina Esther Reyes Silva, Yokaira Elizabeth Carmona, Ashley Darleni Morbán Reyes, Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos, quienes llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público, por lo que se les impuso la medida cautelar de prohibición de salir del país y garantía económica.

Otra acusada, Pilar Yrenes Medina Trinidad, cumple arresto domiciliario.

Más sobre el caso

Los miembros de la presunta red aprovecharon su posición como empleados con acceso a la base de datos de registros penales para llevar a cabo actividades ilegales en contra de los registros nacionales de procesamientos y antecedentes penales.

El expediente detalla que los acusados en la red eliminaron registros penales de personas procesadas, así como de condenados provisionalmente y definitivamente por crímenes graves como narcotráfico, violencia de género, secuestro, homicidio, adulteración de alcohol, lavado de activos, entre otros.

Según el Ministerio Público, los miembros de esta red establecieron un esquema criminal sostenible en el tiempo con ramificaciones a nivel nacional, que operaba bajo el siguiente esquema: solicitud de eliminación de antecedentes, consulta, precio, pago en efectivo o transferencia, consulta de validación, emisión de certificado de buena conducta y "firma" o aplicación de sellos para salir del país.

De acuerdo con la entidad acusadora, los involucrados en la red involucraron a parejas, familiares y personas vinculadas a quienes usaban para realizar transacciones financieras con el dinero obtenido de los sobornos recibidos y así evadir el escrutinio.

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