En República Dominicana, la justicia parece un privilegio reservado y no un derecho garantizado. Vivimos en un país donde la impunidad es norma, no excepción. Donde los poderosos se escudan en influencias, y los débiles son los únicos que enfrentan consecuencias. Aquí, la ley se interpreta según el apellido, el cargo o el número de contactos en el celular.
Los casos de corrupción duermen el sueño eterno en los archivos judiciales. Las auditorías revelan desfalcos millonarios, pero nadie devuelve un centavo ni pisa una celda. El sistema se alimenta de titulares grandilocuentes y allanamientos televisados, pero rara vez entrega justicia. El espectáculo importa más que la verdad.
Los tribunales también son desiguales. Un joven pobre acusado de robar un celular puede pasar años en prisión preventiva, mientras un empresario acusado de estafa millonaria negocia desde su villa en Casa de Campo. Las cárceles están llenas, sí, pero de pobres, no de culpables.
Peor aún, quienes denuncian, exigen o protestan, suelen ser castigados. Los que luchan por tierras, derechos laborales o justicia ambiental son silenciados, amenazados o ignorados. El que alza la voz, incomoda; el que se acomoda, prospera. Así funciona esta república donde la injusticia no es accidente, sino sistema.
Decimos ser un Estado de derecho, pero el derecho se negocia. Decimos tener instituciones, pero muchas actúan como extensiones del poder político o económico. Y mientras tanto, el pueblo sobrevive entre promesas rotas, sentencias selectivas y una justicia que llega tarde —si es que llega.
Esta no es una queja vacía. Es una advertencia. Porque donde no hay justicia, tampoco hay paz duradera. Un país que normaliza la injusticia, siembra su propia ruina. Y aunque muchos aún tengan miedo o resignación, tarde o temprano la factura llega. Y será más cara de lo que imaginamos.
