El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se declaró incompetente para conocer la recusación presentada contra la jueza Ysis Muñiz, quien actúa como magistrada especial en el proceso de medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de US$10,000. La decisión, emitida el 23 de abril de 2026 en Santo Domingo, remite el expediente a la presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para su resolución.
La SCJ fundamentó su decisión en que la Corte de Apelación puede integrarse válidamente con jueces no recusados, lo que excluye la competencia de la Suprema Corte en esta fase del proceso. Según el artículo 71, numeral 4, del Código Procesal Penal, la SCJ solo interviene en recusaciones de jueces de cortes de apelación cuando la cantidad de recusaciones impide conformar el quórum necesario para decidir, dejando en manos de la propia corte la resolución en los demás casos.
La magistrada Muñiz, presidenta de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fue recusada por la defensa del fiscal Valdez Alcántara. Con esta determinación, el proceso judicial continuará en la jurisdicción correspondiente, donde se evaluará la procedencia de apartar a la jueza del caso, garantizando los principios de imparcialidad e independencia judicial.
