La democracia es, probablemente, el mejor sistema que hemos construido para proteger la libertad. Nos permite elegir, disentir, criticar y cambiar el rumbo sin recurrir a la fuerza. Pero toda virtud tiene un precio y pocas veces hablamos del costo que implica gobernar bajo ese modelo.
La democracia duda. Consulta. Negocia. Retrocede. Lo que una mayoría aprueba hoy, otra mayoría puede desmontarlo mañana. Muchas decisiones terminan secuestradas por las encuestas, por el cálculo político o por el miedo a perder la próxima elección. Gobernar deja de ser pensar en la próxima generación para concentrarse en la próxima campaña.
Los problemas más complejos exigen continuidad y visión de Estado, pero la democracia suele premiar la inmediatez. Las reformas profundas se diluyen, los intereses particulares pesan más que el interés nacional y la urgencia electoral desplaza la planificación.
Nada de esto significa que debamos renunciar a la democracia. Significa que debemos dejar de idealizarla. La libertad es indispensable, pero no basta por sí sola para construir un país eficiente. El gran desafío de nuestro tiempo no es escoger entre democracia y autoridad. Es lograr que la democracia tenga la capacidad de decidir, sostener el rumbo y corregir sin convertir cada paso adelante en dos pasos atrás.
