Editoriales

Que Darlin no sea uno más: ¡a esto hay que ponerle un pare, ya!

Darlin Mercado Reyes, de 18 años, cayó abatido por un tiro a corta distancia en un operativo policial en Herrera, mientras pedía que le devolvieran su motocicleta. La Procuraduría imputa homicidio voluntario al cabo José Moreta Heredia. Dos verbos resumen lo urgente: depurar y reentrenar.

El horror del hecho ha sacudido y encendido, con toda razón, la indignación del país. A sus padres, a su familia y a sus amistades les expresamos nuestras más sentidas condolencias. Nada devuelve una vida arrebatada; pero acompañamos su dolor y asumimos como propio su clamor de justicia.

No juzguemos a toda la Policía con la misma vara: muchos policías son personas decentes, trabajadoras y sacrificadas.

El caso no reveló un vacío legal, sino ruptura del protocolo y una falla catastrófica de entrenamiento y supervisión; la unidad de mando está resquebrajada.

Se violaron las normas policiales vigentes. La Constitución, la Ley 590-16 y el Reglamento de Uso de la Fuerza de la Policía Nacional (noviembre 2020) ya lo prohíben: su artículo 67 declara injustificable disparar para lograr una detención si la persona no está armada ni ejerce violencia.

Depurar en lo judicial obliga a comprobar que ningún agente cargue antecedentes penales ni causas o expedientes que lo descalifiquen: quien arrastra un pasado judicial incompatible no debe empuñar un arma del Estado.

Depurar en lo psicológico reclama exámenes estrictos, al ingresar y de forma periódica, para todo el personal, rasos y oficiales, capaces de alejar del gatillo a los perfiles reñidos con un empleo prudente de la fuerza.

El reentrenamiento ha de girar sobre cuatro pilares: la legalidad y los derechos humanos; el empleo proporcional de la fuerza y la desescalada; el dominio emocional y la decisión bajo presión; y una supervisión real sostenida en la cadena de mando, las cámaras corporales, la disciplina y la rendición de cuentas.

La Dirección General de la Policía, el Ministerio de Interior y Policía y el Consejo Superior Policial deben transformar este caso en una revisión urgente de armas, expedientes, formación y aptitud psicológica de toda su membresía.

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