El Gobierno dominicano someterá al Congreso Nacional un proyecto de ley con una estrategia de nuevos ingresos que busca captar alrededor de RD$45,000 millones adicionales como respuesta a las presiones que la crisis internacional impone sobre las finanzas públicas que, además, contiene medidas que vienen a fortalecer a las micro y pequeñas empresas.
Durante una rueda de prensa, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, expuso los alcances de la iniciativa, concebida en cuatro dimensiones: medidas pro-crecimiento, simplificación tributaria, combate a la evasión y consolidación fiscal.
El proyecto diseñó su arquitectura de ingresos con una premisa explícita: no modificar el ITBIS -ni su tasa ni su base-, no alterar la mayoría de los impuestos selectivos vigentes sobre combustibles, alcoholes, cigarrillos y telecomunicaciones, y excluir a las micro, pequeñas y medianas empresas nueva carga tributaria.
La principal medida de consolidación fiscal es una sobretasa de tres puntos porcentuales al Impuesto sobre la Renta (ISR) Empresarial, que se elevaría a 30% durante tres años, aplicable exclusivamente a los grandes contribuyentes con ingresos superiores a RD$1,000 millones anuales. Esa franja comprende poco más de 1,000 empresas de un universo de 140,000 que presentaron declaración del ISR en 2025, equivalente a menos del 0.8% del total.
A esa medida se suman el aumento marginal del impuesto a los cheques y transferencias electrónicas de 0.15% a 0.2%; la creación de un Impuesto Selectivo al Consumo para cigarrillos electrónicos y vapeadores; el incremento de la tributación sobre casinos y juegos de azar; y un aumento de diez dólares estadounidenses al impuesto sobre los pasajes aéreos.
En el frente del combate a la evasión, el proyecto habilita la percepción del ITBIS en la DGA para importaciones de contribuyentes informales, amplía las retenciones del ISR sobre sectores de difícil fiscalización, introduce mecanismos de trazabilidad fiscal para bebidas alcohólicas, cigarrillos y combustibles, y otorga al Ministerio de Hacienda poder de veto sobre decisiones de leyes de incentivo, para evitar abusos.
