El Ministerio Público ha presentado una acusación formal y solicitado la apertura a juicio contra diez exfuncionarios y cuatro empresas, señalados de integrar una red que habría distribuido más de 108 millones de pesos en sobornos. Este caso, conocido como Operación Lobo, busca esclarecer la obtención y mantenimiento irregular de contratos de seguridad privada en diversas instituciones públicas. El expediente fue depositado ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, pidiendo que se admita la acusación y las pruebas, y se fije la audiencia preliminar.
Entre los acusados figuran exdirectores y encargados de seguridad de entidades como Edesur, Inaipi, Edeeste, Edenorte y Senasa, incluyendo a Carlos Ambrosio Robles Díaz, Francisco Guarín Fernández Vásquez, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Andrés Pacheco Varela, Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Elías Caamaño Pérez. También están implicados representantes de empresas como Quilvio Bienvenido Rodríguez González, Ramón Quezada Ortiz, Wellington Peralta Santos y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, junto a las compañías Servicios Senase, El Niño Prodigio EIRL, Magestym Waste & Recycling Company, S.A. y Magesty Recycling, S.R.L.
Según la investigación, esta estructura criminal habría pagado un total de RD$108,080,359.92 en sobornos a funcionarios clave. El objetivo era asegurar que sus contratos de seguridad privada fueran adjudicados, continuaran vigentes y se ejecutaran sin problemas en instituciones estatales. Se alega que la empresa Senase, en particular, realizó pagos ilícitos entre 2012 y 2020, y nuevamente entre 2020 y 2025, utilizando transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo para mantener sus acuerdos.
