La Conferencia del Episcopado Dominicano instó al Gobierno el 21 de abril de 2026, en Santo Domingo, a asegurar que las medidas adoptadas frente a la crisis internacional, originada por el conflicto en el golfo Pérsico, impacten lo menos posible a los sectores más vulnerables de la población. Esta solicitud surgió tras una reunión entre representantes eclesiásticos y una comisión gubernamental, donde se discutieron los planes de mitigación.
Monseñor Héctor Rodríguez, presidente del Episcopado, enfatizó la importancia de una planificación clara y su comunicación efectiva a la ciudadanía. Según Rodríguez, esto es crucial para mantener la calma y generar certidumbre en la población. Asimismo, la Iglesia Católica expresó su disposición a colaborar, aunque subrayó que la responsabilidad de implementar las acciones recae en el Poder Ejecutivo.
Una comisión gubernamental, integrada por los ministros Eduardo Sanz Lovatón (Industria, Comercio y Mipymes), Andrés Bautista (Administrativo de la Presidencia) y Sigmund Freund (Administración Pública), se reunió con el Consejo Permanente del Episcopado para presentar el plan de acción del Gobierno. Sanz Lovatón informó que ya se han destinado cerca de 10,000 millones de pesos en subsidios para combustibles y fertilizantes, buscando prevenir una escalada inflacionaria que afecte la economía familiar.
El plan gubernamental se articula en tres pilares fundamentales: proteger el poder adquisitivo de la población frente a la inflación, salvaguardar la producción y el empleo, y que el Estado asuma la mayor parte del costo de estas intervenciones. Las prioridades incluyen mantener estables los precios de la canasta básica y el transporte, a través de subsidios y un monitoreo constante, además de reasignar recursos hacia la protección social y vigilar el tipo de cambio y las tasas de interés para preservar la estabilidad de precios.
