En un país al que se le pide sacrificio, cada compra innecesaria del Estado se convierte en una provocación. Cada gasto superfluo, cada contrato prescindible, cada lujo burocrático en medio de la estrechez económica, será leído por la ciudadanía como una “galleta en la cara”.
No se puede llamar al pueblo a apretarse mientras en las oficinas públicas se sigue gastando como si nada ocurriera. No se puede pedir comprensión desde el poder mientras se despilfarra desde el presupuesto. Cuando el dinero falta, la austeridad tiene que empezar arriba, donde se decide, donde se firma y donde se autoriza.
Por eso, la respuesta inmediata debe ser mucho más severa. Suspensión total de toda compra que no sea esencial. Revisión pública de cada proceso de adquisición. Monitoreo permanente de cada institución. Y exposición de todo gasto superfluo para que el país sepa quién entendió el momento y quién decidió burlarse de él.
Aquí no basta con discursos. Hace falta disciplina fiscal visible. Hace falta control real. Hace falta vergüenza pública para el funcionario que, en medio de una crisis, pretenda usar el dinero de todos en caprichos administrativos, imagen, confort o privilegios.
La ciudadanía va a repudiar con fuerza cualquier señal de derroche. Y ese repudio será legítimo. Porque el sacrificio solo tiene autoridad moral cuando toca primero al Estado. Si el Gobierno quiere credibilidad, que cierre la llave del gasto innecesario y abra la puerta de la vigilancia pública. Todo lo demás será “bulto y allante”.
