Editoriales

Niegan grabación sobre asesinato de Gabriel Cruz desde la cárcel

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que forma parte del Ministerio del Interior, ha decidido suspender las comunicaciones telefónicas de Ana Julia Quezada, la asesina del niño Gabriel Cruz, con la productora que está trabajando en un documental sobre el crimen ocurrido en febrero de 2018.

Esta medida fue tomada después de que Patricia Ramírez, la madre del niño asesinado por la entonces pareja de su padre, anunciara que tomaría acciones legales para detener la producción y emisión del mencionado documental.

Patricia Ramírez denunció que el documental contaba con la participación directa de la asesina, quien cumple condena en la cárcel de Brieva (Ávila).

La decisión de Interrumpir las comunicaciones surgió tras una resolución emitida el lunes, en la que se determinó que las conversaciones que mantenía Quezada iban en contra de lo establecido en la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario que regulan las interacciones de los reclusos con el mundo exterior.

Julia Quezada no estaba cumpliendo con los protocolos y autorizaciones necesarias, según una resolución de 2020, para que los periodistas puedan entrevistar a internos.

A pesar de que el Tribunal Constitucional ha respaldado el derecho de los presos a comunicarse con la prensa, el Ministerio del Interior ha decidido suspender las comunicaciones telefónicas de la asesina de Gabriel Cruz con una persona en particular, identificada como C.L.W. y que trabaja para una productora de televisión.

La madre de Gabriel, Patricia Ramírez, ha presentado pruebas a Instituciones Penitenciarias sobre entrevistas realizadas sin seguir los canales oficiales. También ha intentado denunciar este hecho al Ministerio del Interior y al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Ramírez ha solicitado a la persona que le arrebató la vida a su hijo que no participe en ningún otro medio para hablar del caso, advirtiéndole que de lo contrario, procederá con denuncias por lesiones y presunto delito contra la integridad moral.

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