La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó pruebas en el juicio contra policías y militares acusados de desviar más de RD$4,500 millones del Estado dominicano. En el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, se incorporaron auditorías de la Cámara de Cuentas que muestran un incremento patrimonial injustificado del general Boanerges Reyes Batista, violando la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio. También se presentó el informe patrimonial de Epifanio Peña Lebrón, que revela omisiones en su declaración de bienes.
La perito calígrafa Yelida Valdez, del Inacif, confirmó la falsificación de sellos y firmas de Nicole Yomarys González Núñez y Viviana Altagracia Núñez Carmona en facturas para justificar compras ficticias desde el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) a favor de Meljo Comercial E.I.R.L. Esta empresa, junto a SSA Corporation S.R.L., simulaba compras en el Cusep y Cestur, autorizadas por Juan Carlos Torres Robiou y Adán Benoni Cáceres Silvestre, mientras Rafael Núñez de Aza completaba los expedientes ficticios y gestionaba los pagos. El dinero regresaba al entramado en efectivo o propiedades.
Valdez también validó la falsificación de sellos de la Contraloría de las Fuerzas Armadas y la firma en un depósito de RD$9,000,000 atribuido al general Luis Alberto Coronado Abreu, quien negó haber realizado la transacción. El fiscal Jonathan Pérez Fulcar informó que la audiencia se reanudará el 22 de abril, cuando se escuchará a los fiscalizadores de la Cámara de Cuentas que analizaron los patrimonios de Adán Cáceres Silvestre, Franklin Antonio Mata Flores, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola.
Según Pepca, los acusados, liderados por los exjefes del Cusep y Cestur, Adán Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, desviaron fondos públicos entre 2012 y 2020 mediante compras irregulares y el pago reducido a policías y militares, quedando el resto del salario en manos de la red corrupta.
Fuente: El Testigo
 presentó pruebas en el juicio contra policías y militares acusados de desviar más de RD$4,500 millones del Estado dominicano. En el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, se incorporaron auditorías de la Cámara de Cuentas que muestran un incremento patrimonial injustificado del general Boanerges Reyes Batista, violando la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio. También se presentó el informe patrimonial de Epifanio Peña Lebrón, que revela omisiones en su declaración de bienes. La perito calígrafa Yelida Valdez, del Inacif, confirmó la falsificación de sellos y firmas de Nicole Yomarys González Núñez y Viviana Altagracia Núñez Carmona en facturas para justificar compras ficticias desde el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) a favor de Meljo Comercial E.I.R.L. Esta empresa, junto a SSA Corporation S.R.L., simulaba compras en el Cusep y Cestur, autorizadas por Juan Carlos Torres Robiou y Adán Benoni Cáceres Silvestre, mientras Rafael Núñez de Aza completaba los expedientes ficticios y gestionaba los pagos. El dinero regresaba al entramado en efectivo o propiedades. Valdez también validó la falsificación de sellos de la Contraloría de las Fuerzas Armadas y la firma en un depósito de RD$9,000,000 atribuido al general Luis Alberto Coronado Abreu, quien negó haber realizado la transacción. El fiscal Jonathan Pérez Fulcar informó que la audiencia se reanudará el 22 de abril, cuando se escuchará a los fiscalizadores de la Cámara de Cuentas que analizaron los patrimonios de Adán Cáceres Silvestre, Franklin Antonio Mata Flores, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola. Según Pepca, los acusados, liderados por los exjefes del Cusep y Cestur, Adán Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, desviaron fondos públicos entre 2012 y 2020 mediante compras irregulares y el pago reducido a policías y militares, quedando el resto del salario en manos de la red corrupta. Fuente: El Testigo){kind=link}