La delincuencia no distingue sectores. Atraviesa barrios, urbanizaciones y avenidas por igual. Lo ocurrido ayer en Piantini, donde menores que caminaban desde su colegio fueron víctimas de un intento de atraco a plena luz del día, es una señal preocupante. Si un hecho así ocurre en una de las zonas más privilegiadas de la capital, queda claro que ningún espacio está realmente a salvo.
El problema no es solo policial; también es institucional. Un sistema de justicia funciona cuando existe un régimen claro de consecuencias. Pero en la práctica dominicana, demasiados casos dependen del empuje del querellante. Si la víctima se cansa, se intimida o decide no continuar, el proceso pierde impulso, la fiscalía reduce su interés y el expediente comienza a enfriarse entre aplazamientos y trámites interminables.
El resultado es conocido: delincuentes que entran por una puerta del sistema y salen por la otra tras decisiones judiciales que muchas veces carecen de la firmeza que la gravedad de los hechos exige. Ese mensaje se filtra rápidamente en las calles.
Cuando el costo de delinquir parece bajo o incierto, la criminalidad se expande.
La sociedad dominicana necesita recuperar una noción básica del orden público: quien decide asaltar a otro ciudadano debe saber que enfrentará consecuencias reales, rápidas y severas. La autoridad no puede titubear frente al crimen armado.
En el lenguaje policial existe un viejo código que resume esa determinación: el “29”. Más que una clave de radio, es el recordatorio de que el Estado tiene el deber de proteger a los ciudadanos y de dejar claro que las calles no pertenecen a los delincuentes.
