Entre el rumor y la firma de un decreto siempre aparece una zona oscura. Es el momento en que salen los sicarios del decreto, operadores cuya misión no es debatir una decisión, sino matarla antes de que nazca.
Algunos pertenecen al mismo gobierno. Otros obedecen a intereses económicos que operan desde fuera. Todos comparten la misma misión. Matar la decisión antes de que nazca. Financian campañas, fabrican crisis y golpean iniciativas de su propio gobierno con tal de sembrar dudas en la cabeza del mandatario.
No defienden el interés colectivo ni la estabilidad institucional. Defienden contratos, posiciones, cuotas y privilegios. Para ellos, el Estado no es una responsabilidad pública, sino una finca que debe permanecer bajo su control.
El método consiste en hacer tanto ruido que el decreto parezca políticamente imposible. Quieren que el mandatario retroceda, archive la decisión o la deje morir en algún despacho.
Pero lo peor para ellos ocurre cuando fracasan. Cuando después de todo el ruido, las llamadas y los golpes bajos, la tinta finalmente cae sobre el papel. Entonces llega el decreto. Y con él, el acta de defunción de sus intereses.
