Hay una virtud que rara vez aparece en los discursos políticos, pero que probablemente sea una de las más importantes para ejercer el poder con responsabilidad. La inteligencia emocional.
Quien ocupa una función pública no puede permitirse el lujo de gobernar desde el enojo. Si una crítica basta para irritarlo, si una tendencia en redes sociales altera su estado de ánimo o si una provocación termina influyendo en sus decisiones, entonces el verdadero poder deja de estar en sus manos. Pasa a manos de quienes aprendieron a manipular sus emociones.
Las redes sociales son un extraordinario espacio de participación, pero también un campo de batalla psicológica. Allí también existen quienes no buscan convencer, sino provocar. No intentan ganar un debate, sino empujar al funcionario a perder la serenidad. Y cuando lo logran, han conseguido algo mucho más valioso que un comentario viral. Han condicionado una decisión de Estado.
Un país no puede ser gobernado al ritmo de la ira, del orgullo herido ni de las respuestas impulsivas. Las decisiones públicas deben nacer de la reflexión, del análisis y de la capacidad de separar la emoción del deber.
La historia demuestra que los grandes errores del poder casi nunca comenzaron con una buena reflexión. Comenzaron con un impulso. La inteligencia emocional no es un lujo para un funcionario. Es una obligación. Porque quien no gobierna sus emociones terminará siendo gobernado por quienes saben despertarlas.
