La Ley Mordaza es el nuevo Código Penal dominicano. El Art. 310 trata el “ultraje” a los funcionarios como delito y los blinda frente al escrutinio público. Pretensión que colide con el Art. 40.15 de la Constitución: “La ley solo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más de lo que le perjudica”. Una mordaza ni es justa ni es útil: sirve a los intereses de los políticos que tienen el rabo de paja; basta una chispa de verdad para que ardan, por eso desean esconderla.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) consagra una advertencia dirigida al poder: los derechos humanos deben garantizarse “a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.
La punta de lanza de esta rebelión saludable es Ricardo Ripoll, de Somos Pueblo, quien se opone a la mordaza y ha declarado que está dispuesto a que lo metan preso antes que callar. No habla de pólvora ni de barricadas, sino de algo bastante más incómodo para el poder: una declaración formal de desobediencia civil, pacífica y de cara al sol. Y no marcha solo. Resulta que la mordaza, diseñada para tapar una boca, se topó con un coro entero.
Ripoll, como marinero avezado que es, fondeó sus argumentos en sólidas anclas constitucionales:
El Art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), “Pacto de San José”, ratificada por el Congreso en 1977 y en vigor desde 1978, consagra la libertad de pensamiento y de expresión, derecho que, por estar contenido en un tratado de derechos humanos, goza de jerarquía constitucional y de aplicación directa e inmediata conforme al artículo 74.3 de la Constitución. Dicho precepto convencional proscribe recurrir a subterfugios legales para blindar a los funcionarios frente a la crítica. Choca, de igual modo, con el Art. 49 sobre la libertad de expresión e información de la Constitución de 2015.
Una ley espuria podrá llevar la Gaceta Oficial, pero no la legitimidad. Y cuando lo legal y lo legítimo se divorcian, la última palabra la tiene el pueblo, que no se dejará capar su libertad de expresión.
