Sesenta y ocho niños y una maestra presentaron vómitos, diarrea y dolores estomacales después de recibir el desayuno escolar. Aunque todos están fuera de peligro, lo ocurrido en la escuela Fernando Valerio es inaceptable. La alimentación pública existe para proteger a los estudiantes, no para convertir una mañana de clases en una emergencia.
Días antes, unos veinte centros de Santiago habían advertido que no contaban con refrigeración adecuada para conservar leche pasteurizada. El INABIE anunció su sustitución por leche UHT. Sin embargo, el producto que dependía de una cadena de frío llegó a este plantel y ahora la institución habla de un supuesto corte eléctrico.
Esa explicación no basta. Si una falla de energía puede comprometer la salud de decenas de niños, fallaron la prevención, la supervisión y la capacidad de responder ante un riesgo conocido.
También es inadmisible que aún no se conozcan el suplidor, la marca, el lote ni los resultados del laboratorio. Cada día de silencio aumenta la desconfianza de las familias en un programa del que dependen miles de estudiantes.
Aquí no basta cambiar la leche después del daño. Hay que establecer responsabilidades, publicar los análisis y garantizar que ninguna ración vuelva a llegar a un aula sin condiciones seguras. Con la salud de los niños no se improvisa.
