El gobierno de República Dominicana expresó su sorpresa ante el tono agresivo e infundado del informe sobre los Derechos Humanos en el país, emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Comunicaron que están analizando el informe y responderán en el momento oportuno a través de los canales oficiales correspondientes.
También aseguraron que el documento no refleja la realidad actual de los derechos humanos en República Dominicana, ni la estrecha y respetuosa amistad entre los gobiernos.
"El Gobierno dominicano reafirma su compromiso con el respeto a los derechos humanos y está dispuesto a dialogar constructivamente con nuestros amigos sobre cualquier preocupación legítima en esta área", aseguró.
El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó en su informe anual sobre las prácticas de Derechos Humanos en todo el mundo, que el gobierno dominicano no ha tomado medidas creíbles para prevenir los abusos que se llevaron a cabo en el país.
A través del reporte de los derechos humanos de las personas, la nación americana sostiene que recibieron denuncias verídicas de asesinatos arbitrarios, tratos inhumanos por parte del gobierno, violencia de género, doméstica y feminicidios en República Dominicana.
Además, denunciaron que dentro de las cuestiones importantes que pusieron en riesgo los derechos humanos en el país figuran informes creíbles de grave corrupción gubernamental, homicidios ilegítimos o arbitrarios, tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte del gobierno; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, arresto o detención arbitrarios, interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad, devolución de refugiados a un país donde enfrentarían tortura o persecución, incluidos daños graves como una amenaza a la vida o la libertad u otros maltratos que constituirían un abuso separado de los derechos humanos, entre otros.
En el documento, también citan que la decisión del gobierno dominicano de proceder a cerrar la frontera dominico-haitiana en septiembre, la suspensión de la emisión, renovación de permisos de residencia, visados y certificados para solicitar asilo de los migrantes haitianos y personas de descendencia haitiana, incluidos los indocumentados, puso en mayor riesgo a poblaciones que de por sí ya eran vulnerables.
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