El presidente Luis Abinader firmó el Decreto 672-26, que obliga a las instituciones públicas con programas sociales a comprar productos exclusivamente a micro, pequeñas y medianas industrias (Mipymes industriales) dominicanas. La medida busca impulsar la economía y crear empleos en el país.
Este decreto establece que las compras deben ser de productos agroindustriales y manufactureros hechos en República Dominicana, sin intermediarios, a menos que el productor lo autorice. Instituciones como Supérate, Dasac, Inabie, la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Ministerio de Educación (Minerd) están incluidas, pero solo para las compras de sus programas específicos. Es crucial que las Mipymes puedan cumplir con la cantidad y calidad necesarias.
Las contrataciones se harán mediante procesos competitivos, siguiendo la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas. Para participar, las Mipymes deben tener un registro industrial de Proindustria y una certificación MIPYMES del MICM. Si son empresas lideradas por mujeres, necesitarán la certificación MIPYMES Mujer.
Para asegurar que todo funcione bien, se creará una Mesa de Articulación Interinstitucional entre el MICM y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Su misión será coordinar la aplicación del decreto, monitorear los resultados y mejorar los procedimientos para estas contrataciones.
