La gestión de Luis Henry Molina al frente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) estuvo marcada por un proceso de reorganización institucional orientado a reducir el histórico atraso judicial, modernizar los procesos mediante herramientas tecnológicas y reformar mecanismos clave como el recurso de casación, con el objetivo de lograr una justicia más ágil y eficiente.
Uno de los principales desafíos asumidos por la actual administración judicial fue enfrentar el cúmulo de expedientes pendientes que heredó la Suprema Corte de Justicia. A inicios de 2020, el máximo tribunal del país acumulaba 18,357 recursos de casación y otros asuntos judiciales pendientes, incluyendo expedientes que habían ingresado desde 1982.
Bajo el lema “Justicia al día para garantizar la dignidad de las personas”, la SCJ implementó un plan de emergencia que incluyó una reorganización de la Secretaría General, establecimiento de metas de productividad y una estrategia diferenciada para las tres salas especializadas del tribunal.
Como resultado, en 2021 la Suprema Corte resolvió 11,637 casos pendientes, logrando por primera vez que la cantidad de expedientes solucionados superara los nuevos casos recibidos.
Posteriormente, al cierre de 2022, el tribunal logró resolver todos los expedientes ingresados antes de 2019, reduciendo los casos pendientes de audiencia y fallo a 1,766, lo que representó una disminución del 81% del atraso acumulado.
Para noviembre de 2024, la Suprema Corte informó que había eliminado los casos pendientes anteriores al año 2023. La Segunda Sala Penal alcanzó un nivel de operación sin expedientes pendientes de ese período y sin trámites con más de seis meses de antigüedad.
Entre junio de 2019 y noviembre de 2024, la SCJ resolvió 47,986 casos, mientras que, a nivel nacional, aproximadamente el 35% de los tribunales dominicanos operaban totalmente al día.
