El planteamiento del presidente Luis Abinader de crear un fondo soberano con los eventuales ingresos de las tierras raras abre una discusión impostergable: cómo transformar un recurso natural no renovable en patrimonio público permanente.
La propuesta inicial —destinar 30 % al presupuesto nacional y 70 % a capitalizar el fondo— parte de una lógica fiscal responsable, porque evita utilizar ingresos extraordinarios para financiar gasto corriente. Sin embargo, antes de fijar porcentajes, el país debe definir la institución que administrará esos recursos, sus reglas de capitalización, los límites de utilización y su relación con EMIDOM, Hacienda y el sistema de inversión pública.
El presidente debe crear el Fondo Raíz Dominicana, un fondo estratégico de inversión soberana diseñado para administrar rentas extraordinarias, participaciones estatales y capital de coinversión bajo una disciplina financiera común.
Una propuesta con autoría y trabajo acumulado
El Fondo Raíz Dominicana no surge después del reciente anuncio presidencial. Soy autor de su denominación, su concepto y su arquitectura como fondo estratégico de inversión soberana.
Desde, al menos, el 4 de agosto de 2025, he documentado, desarrollado y presentado esta propuesta ante representantes del sistema previsional, empresarial, político y académico. Durante más de un año, el modelo ha sido ampliado mediante consultas y discusiones con personalidades como Carmen Taveras, Fernando Barrero y Persio Maldonado, además de funcionarios y dirigentes cuyos nombres corresponde mantener en reserva.
Esta precedencia documental no pretende atribuirme influencia sobre la decisión anunciada por el presidente ni convertir una futura política pública en propiedad personal. Demuestra que el Estado no necesita comenzar desde una página en blanco: existe una arquitectura previamente desarrollada que puede ponerse al servicio del país.
El Fondo Raíz no debe ser solamente una cuenta receptora de ingresos mineros. Debe convertirse en el instrumento mediante el cual República Dominicana transforme recursos agotables en activos financieros, infraestructura productiva, capital humano y oportunidades económicas que permanezcan después de terminada la explotación.
Administrar el patrimonio, no repartir ingresos
La discusión no debe limitarse a cómo gastar los ingresos de las tierras raras. El criterio económico relevante es cómo cada decisión modifica el patrimonio neto del Estado.
Amortizar deuda reduce pasivos y produce un beneficio equivalente al costo financiero evitado. Construir infraestructura puede crear activos productivos, siempre que los proyectos tengan rentabilidad social, mantenimiento asegurado y capacidad para elevar la productividad. Invertir en una cartera diversificada permite sustituir un recurso agotable por activos capaces de generar rendimientos para las próximas generaciones.
Si todos los ingresos fueran distribuidos inmediatamente entre deuda e infraestructura, el país tendría un mecanismo de asignación fiscal, pero no necesariamente un patrimonio soberano permanente.
El Fondo Raíz debe combinar ahorro intergeneracional, inversión productiva, disciplina fiscal y desarrollo territorial. Para lograrlo, debe constituirse como una sola institución, con personalidad jurídica, gobierno corporativo y una política profesional de inversión.
Dentro del Fondo existirían cuatro mandatos diferenciados:
- Patrimonio intergeneracional: una cartera principalmente internacional, líquida y diversificada, orientada a conservar el valor real de la riqueza nacional.
- Inversión estratégica nacional: coinversión en proyectos dominicanos con rentabilidad comercial, adicionalidad, impacto productivo y una estrategia de salida.
- Desarrollo territorial y ambiental: compromisos plurianuales en Pedernales, agua, infraestructura local, formación técnica, monitoreo ambiental y restauración.
- Capital humano e innovación: programas de ciencia, tecnología, investigación y formación especializada capaces de diversificar la economía.
Estos mandatos formarían parte del mismo Fondo Raíz Dominicana, pero operarían mediante cuentas segregadas, objetivos medibles y límites de utilización distintos.
Capitalización y disciplina
Los impuestos ordinarios derivados de la actividad minera deben continuar ingresando al Presupuesto General del Estado. El Fondo Raíz recibiría las rentas soberanas extraordinarias definidas por ley: regalías, participaciones contractuales, bonos de producción, dividendos distribuidos por EMIDOM y rendimientos del propio fondo.
EMIDOM debe administrar la posición empresarial del país: explorar, estructurar asociaciones, contratar operadores y recibir los flujos correspondientes a los proyectos. El Fondo Raíz administraría únicamente la proporción de las rentas que la ley ordene transferirle.
La distribución no debe depender de porcentajes políticamente rígidos. La asignación a deuda aumentaría cuando se eleve el costo financiero o el riesgo de refinanciamiento. El ahorro intergeneracional crecería durante ciclos extraordinarios de precios o cuando la capacidad para ejecutar eficientemente inversiones internas sea limitada.
Durante la etapa inicial, el principal del mandato intergeneracional debería permanecer indisponible. Posteriormente, el presupuesto podría recibir una proporción prudente del rendimiento real promedio de varios años. Esto evitaría que un incremento temporal de los ingresos provoque una expansión permanente del gasto.
Las AFP, AFI, organismos multilaterales e inversionistas privados podrían coinvertir con el Fondo, exclusivamente bajo condiciones de mercado. En el caso de las AFP, cualquier participación tendría que respetar sus límites regulatorios y el deber fiduciario con los trabajadores.
La lección institucional de GoldQuest
El proceso del proyecto Romero de GoldQuest demuestra que la viabilidad geológica y los avances administrativos no sustituyen la licencia social. Después de años de exploración y estudios, todavía se encuentra en evaluación ambiental y no posee permiso de explotación.
La preocupación por el agua, la agricultura y la distribución de los beneficios exige consulta temprana, información creíble y garantías verificables. Pedernales debe conocer desde el inicio qué proporción recibirá, cómo se protegerá el agua, cuáles empleos y contratos serán provinciales y qué recursos respaldarán la restauración y el cierre.
La seguridad jurídica y la licencia social no son objetivos contrapuestos. Ambas dependen de reglas previsibles, decisiones oportunas, transparencia contractual y compromisos ejecutables.
Una comisión técnica con continuidad
El presidente debe ordenar la formación de una comisión técnica con un mandato inicial de 90 días para preparar el anteproyecto de ley, la estructura de gobierno corporativo, la regla de capitalización y retiro, la política preliminar de inversión y el mecanismo territorial de Pedernales.
La comisión debe integrar a Hacienda, Energía y Minas, Medio Ambiente, EMIDOM, Banco Central, autoridades de planificación, universidades, mercado de valores, representantes de Pedernales y especialistas independientes.
Para preservar la continuidad técnica y aprovechar el conocimiento acumulado, propongo que la comisión incorpore al autor y promotor del Fondo Raíz Dominicana. Mi participación no debe entenderse como un reconocimiento personal, sino como una manera de asegurar que la investigación, las consultas y la arquitectura ya desarrolladas formen parte del proceso oficial.
También propongo la incorporación de Persio Maldonado Sánchez, director general de El Nuevo Diario y presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios. Su experiencia institucional, su formación multidisciplinaria y su trayectoria en la defensa de la transparencia y el diálogo público aportarían una perspectiva independiente sobre gobernanza, rendición de cuentas y construcción de confianza.
Su participación también contribuiría a que el Fondo no sea diseñado exclusivamente desde una perspectiva financiera o minera. Una institución destinada a administrar patrimonio nacional necesita credibilidad pública, vigilancia social y capacidad para comunicar decisiones complejas con transparencia.
Presidente Abinader: el país no necesita comenzar esta discusión desde cero. El Fondo Raíz Dominicana cuenta con una arquitectura preliminar, documentación y un proceso de consultas iniciado antes de su anuncio.
Como autor y promotor de la iniciativa, pongo ese trabajo a disposición del Estado y manifiesto formalmente mi disposición de integrar la comisión técnica que deberá convertirla en una política pública viable, transparente y duradera.
La pregunta decisiva no es cuánto dinero podrían producir las tierras raras. Es cuánto patrimonio, productividad y confianza institucional conservará República Dominicana cuando el recurso se haya agotado.
