La jueza Isis Muñiz, de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, programó para el próximo martes 5 de mayo la audiencia de medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara. El funcionario es investigado por supuestamente haber recibido un soborno de US$10,000 de un testigo del Ministerio Público en Santo Domingo.
Según la investigación, Valdez Alcántara habría exigido inicialmente US$200,000, cifra que luego redujo a US$150,000 durante una negociación. Además del dinero, el fiscal mostró interés en un reloj Rolex y solicitó un vehículo Mercedes Benz 350 o 450. Se le acusa de pedir estos montos a cambio de modificar el curso de investigaciones bajo su responsabilidad.
La decisión de la jueza Muñiz se produce después de que el pleno de la Corte de Apelación rechazara una recusación presentada por la defensa de Valdez Alcántara. Los abogados Albert Delgado y Valentín Medrano argumentaron que la magistrada no estaba en condiciones de conocer el caso, ya que participó en la entrega controlada del supuesto dinero del soborno, un elemento clave de prueba en el proceso.
El procurador adjunto Wilson Camacho reiteró el compromiso del Ministerio Público de llevar ante la justicia todo acto de corrupción del que se tengan evidencias. Camacho enfatizó el grave impacto de la corrupción en el sistema judicial, señalando que “hace que el derecho sea soluble en dinero” y reafirmó la política institucional de “no ocultar, no tapar y no tolerar” estos hechos.
