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En República Dominicana, la extinción de la acción penal ocurre cuando un proceso judicial no se resuelve en el plazo máximo de cuatro años, según el Código Procesal Penal. En los últimos cinco años, se judicializaron 157,562 casos, de los cuales 7,825 fueron extinguidos en tribunales de primer y segundo grado, según la Suprema Corte de Justicia. Solo en 2024, se extinguieron 2,756 casos, siendo las principales razones la falta de detalles, vencimiento del plazo, prescripción, desistimiento, fallecimiento del imputado y aplicación del criterio de oportunidad.
La Vega lidera con 1,043 casos extintos en cinco años, seguida de San Cristóbal con 1,012 y San José de Ocoa con 709. Distritos como Dajabón e Independencia registraron solo un caso extinto. En términos de crecimiento, San Cristóbal experimentó un aumento del 3,000% en solicitudes de extinción de 2020 a 2024, mientras que La Vega y Espaillat también mostraron incrementos significativos.
Casos notables como Super Tucano, Bahía de Las Águilas y Los Tres Brazos han sido extinguidos en algún momento. El caso Super Tucano, que involucró la compra de aviones por 94 millones de dólares y sobornos de 3.5 millones, fue revocado en 2024, ordenando un nuevo juicio. El caso Bahía de Las Águilas, sobre la venta fraudulenta de terrenos, fue extinguido en 2018. En Los Tres Brazos, la extinción fue declarada en 2024, beneficiando a varios imputados tras un proceso que comenzó en 2018.
Estos casos reflejan la complejidad y los desafíos del sistema judicial dominicano, donde la extinción de la acción penal puede ser un recurso para cerrar procesos prolongados.
Fuente: Listín Diario
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