Empresarios dominicanos que participen en la importación de crudo venezolano a través de rutas encubiertas podrían estar expuestos a severas sanciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
El señalamiento surge en un contexto de creciente vigilancia internacional sobre el uso de puertos intermediarios —como Aruba y Curazao— y buques con banderas de conveniencia, incluyendo Sierra Leona, Panamá y Antigua y Barbuda, que ocultan el verdadero origen del petróleo procedente de Venezuela, país sometido a un régimen de sanciones desde 2019.
Las autoridades estadounidenses han reiterado que cualquier actor extranjero, incluyendo empresas o ciudadanos dominicanos, puede ser sancionado si se demuestra su participación directa o indirecta en la comercialización de petróleo venezolano. Las consecuencias incluyen el congelamiento de activos, la exclusión del sistema financiero internacional y restricciones operativas severas.
“La utilización de tanqueros con transpondedores apagados o con documentos falsificados no exime de responsabilidad. OFAC ha sancionado empresas y personas en terceros países por facilitar el comercio de petróleo venezolano, incluso cuando se ocultan detrás de compañías pantalla o rutas disfrazadas”, explicó un especialista en derecho internacional energético consultado por este medio.
Reportes del sector marítimo señalan que algunos buques sospechosos han declarado como destino final puertos dominicanos, despertando alertas sobre posibles operaciones trianguladas que violen el embargo petrolero impuesto a la estatal venezolana PDVSA.
