En El Salvador, bitcoin nunca ha despegado. Actualmente, el país que lucha contra una situación económica precaria, le da la espalda a las criptomonedas menos de cuatro años después del experimento que hizo historia. El parlamento salvadoreño aprobó una reforma a la ley del bitcoin que revoca su condición de moneda de curso legal, cediendo a las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de un préstamo de 1,400 millones de dólares. La decisión fue tomada el miércoles 29 de enero de 2025 por la Asamblea Legislativa, controlada por el partido del presidente Nayib Bukele, quien en 2021 había apoyado firmemente la adopción de la criptomoneda pese a la oposición del 71% de la población.
"Bitcoin no ha tenido la adopción que esperábamos", admitió el propio Bukele en una reciente entrevista con la revista Time, citada por BBC. Los datos muestran que después de un año de introducción, solo el 21% de la población usaba la criptomoneda, porcentaje que se redujo al 8.1% en 2024.
Las dos naciones llevan tiempo apostando por las criptomonedas para reforzar las arcas del Estado. Sus apuestas están dando frutos, pero todo dependerá de la prudencia y de la estrategia general.
La nueva ley
La Asamblea Legislativa aprobó una reforma que modifica seis artículos y elimina tres puntos de la ley original de 2021, que había convertido a la criptodivisa en una moneda por derecho propio. El sistema vigente en el país permitía a los ciudadanos pagar impuestos y deudas en bitcoin, garantizando el Estado la conversión inmediata entre la divisa digital y el dólar. Sin embargo, con la nueva reforma todo este sistema queda desmantelado. En El Salvador, el bitcoin dejará de ser una moneda de aceptación obligatoria para los pagos cotidianos y el Estado ya no garantizará la conversión automática. No obstante, el gobierno salvadoreño mantendrá el bitcoin como inversión pública: la Oficina Nacional del Bitcoin ha declarado que el país posee una reserva de 6,049 bitcoins, equivalentes a unos 637,3 millones de dólares, que pretende aumentar.
Antes de 2021, El Salvador utilizaba exclusivamente el dólar estadounidense como moneda oficial, una situación que privaba al país de soberanía monetaria; el país centroamericano dependía enteramente de las decisiones de la Reserva Federal de EE UU. La introducción del bitcoin como moneda en curso legal cumplía tres objetivos principales: reducir la dependencia de la Reserva Federal, abaratar los costos de las remesas eliminando las comisiones de los intermedios tradicionales y atraer inversiones en el sector de las criptomonedas.
Para apoyar esta visión, el Gobierno había invertido más de 200 millones de dólares en la infraestructura necesaria, instalando cajeros automáticos dedicados en todo el país y creando el monedero digital nacional Chivo. La administración de Bukele también ofreció un bono de treinta dólares a cada ciudadano que instalara la aplicación en su teléfono, manteniendo una estricta confidencialidad sobre las transacciones relacionadas con bitcoin. "Todo dato relacionado con bitcoin en El Salvador es confidencial desde la implementación de la ley", informa El País. La única información oficial procede de los tuits del presidente, que llegó a declarar que realizaba compras de bitcoin desde su teléfono personal incluso cuando estaba en el baño.
La memecoin del nuevo presidente superó el récord de la Dogecoin en un lapso relativamente corto. $TRUMP subió de 18 céntimos a 75 dólares.
Fracaso y consecuencias
Sin embargo, el proyecto nunca alcanzó sus objetivos. La iniciativa se ha visto empañada por varios escándalos que provocaron el colapso de usuarios en el último año: los medios locales documentaron casos de corrupción relacionados con la duplicación de usuarios para canjear el bono varias veces, violaciones de la normativa contra el lavado de dinero y un fallo en el sistema que permitió el robo de 840,000 dólares.
La situación económica del país sigue siendo crítica. El Salvador fue la economía de menor crecimiento de la región por quinto año consecutivo, con un déficit comercial de más de 8,000 millones de dólares en 2020. El 52% de la población vive bajo estrés alimentario, hasta el punto de que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha incluido al país entre los que deben ser vigilados por riesgo de hambre. El único apoyo significativo a la economía siguen siendo las remesas de los migrantes, que alcanzaron los 4,756 millones de dólares en los siete primeros meses de 2024: lo que demuestra que no se ha logrado el objetivo de reducir los costos de transacción mediante el bitcoin.
Artículo originalmente publicado en WIRED Italia. Adaptado por Alondra Flores.
