Hablar de derechos humanos, del marco legal y de la paciencia de la justicia ante los enfrentamientos policiales, sin mirar el país que produce ese reclamo de dureza, es discutir desde una comodidad que muchas víctimas no tienen.
La rabia no nació ayer. La alimentaron décadas de impunidad, cárceles que no reforman y una persecución penal que demasiadas veces depende de que la víctima insista, denuncie, vaya a audiencia y empuje un expediente que debería caminar por responsabilidad del Estado. Cuando reclamar justicia se convierte en otro castigo para el ciudadano, la confianza se rompe.
Por eso hay quienes celebran que los delincuentes tengan miedo y se entreguen. Ven una respuesta donde antes encontraron abandono. Despachar esa reacción como ignorancia es eludir la responsabilidad de las instituciones que la hicieron posible.
Los derechos humanos no sobran. Lo que falta es un Estado que los haga efectivos también para quienes viven amenazados. Entender el hartazgo tampoco convierte cualquier actuación policial en legítima.
Si queremos que la población vuelva a confiar en las leyes, hay que construir las condiciones para que funcionen. Exigir paciencia a quien lleva años esperando justicia, mientras el sistema reproduce la impunidad, es pedirle que siga pagando el fracaso ajeno.
