En las instituciones públicas se dan extorsiones. No como excepción, sino como norma silenciosa en los espacios donde se decide cuándo se paga y a quién. Funcionarios que convierten la liberación de fondos en un peaje. Donde el proveedor no cobra por cumplir, cobra por ceder. Si no me das algo, no sale el libramiento.
Ese esquema secuestra recursos del Estado, distorsiona la economía y pervierte la competencia. Expulsa al que quiere hacer las cosas bien y protege al que entiende las reglas no escritas. Es corrupción operativa, instalada en lo cotidiano, difícil de rastrear pero fácil de reconocer por quienes la padecen.
En ese contexto, aplaudimos el esfuerzo del gobierno a través de la nueva plataforma Infopago, que busca transparentar los pagos. No como solución definitiva, sino como intento de intervenir un circuito que durante décadas opera sin control. Aunque aún no hemos visto su funcionamiento real, su valor estará en esa transparencia. Cuando un pago tiene una fecha definida, cualquier incumplimiento deja una evidencia.
Si un pago no sale cuando corresponde, si una institución acumula retrasos con uno o varios proveedores, eso deja de ser un caso aislado y pasa a ser un patrón. Y cuando hay patrón, hay indicio. Indicio de discrecionalidad. Indicio de intervención indebida. Indicio, muy probablemente, de corrupción.
Ahí es donde Infopago puede marcar diferencia. No solo mostrando lo que se paga, sino evidenciando lo que no se paga.
Pero para que eso tenga impacto real, debe abrirse. Que sea visible. Que los medios, los proveedores y la ciudadanía puedan ver, comparar y cuestionar. Que el sistema no solo administre pagos, sino que permita auditar el comportamiento de las instituciones.
