Hemos normalizado un modelo contrario al desarrollo. En muchas zonas del país, primero llega el empresario, arriesga su capital, levanta una empresa, genera empleos y mueve la economía local. Después, cuando la zona ya produce, aparece el Estado con el asfalto, el agua, la luz, la seguridad y los servicios que debieron estar desde el principio. Ese orden está invertido.
Un país no puede depender de que un empresario valiente descubra oportunidades en medio del abandono para que luego el Estado recuerde que esa comunidad existe. El desarrollo no puede ser una recompensa posterior a la inversión privada. Debe ser una condición previa.
El Estado no debe llegar detrás del capital. Debe abrirle camino. Debe planificar, conectar, ordenar y reducir riesgos. Su función no es aplaudir el progreso cuando ya ocurrió, sino crear las bases para que ocurra.
Cuando no hay infraestructura, servicios básicos ni reglas claras, invertir se convierte en un acto de fe. Y no abundan empresarios capaces de asumir ese riesgo. Por eso, si el futuro de una zona depende exclusivamente de que aparezca alguien dispuesto a apostar contra todas las carencias, entonces no tenemos una estrategia de desarrollo. Tenemos una lotería territorial.
Así se condena a muchas comunidades a esperar por un milagro privado. Y un país no se construye esperando excepciones. El progreso debe ser provocado por una visión pública seria y acompañado por el sector privado. Primero deben llegar las condiciones, luego la inversión. Porque cuando el Estado llega después, no está impulsando el desarrollo. Está confesando que llegó tarde.
