Hay señales que difícilmente puedan atribuirse a la casualidad. Mientras la República Dominicana se prepara para la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, cuyas disposiciones sobre difamación, injuria y ultraje son consideradas por amplios sectores como una auténtica ley mordaza contra la libertad de expresión, el debate ya no parece limitarse al ámbito nacional. Todo indica que el rumbo que está tomando el país en esta materia también está siendo observado con atención fuera de nuestras fronteras.
Resulta difícil ignorar que, durante la celebración de la independencia de Estados Unidos realizada ayer, la embajadora dedicara una parte significativa de su discurso a advertir sobre el peligro de las leyes mordaza y a reivindicar la libertad de expresión, precisamente frente a los principales líderes políticos, empresariales e institucionales del país. El momento, el escenario y el contenido del mensaje difícilmente puedan interpretarse como una simple coincidencia.
Ninguna democracia sólida puede sentirse cómoda cuando el ejercicio del periodismo, la crítica o la denuncia corre el riesgo de ser condicionado por normas que puedan utilizarse para intimidar o silenciar. La protección del honor es un derecho legítimo, pero nunca debe convertirse en un instrumento para limitar el debate público o desalentar la fiscalización del poder.
La credibilidad de un país también se mide por la fortaleza de sus libertades. Cuando aliados estratégicos envían mensajes públicos sobre ese tema, conviene escucharlos con atención. Porque una ley que genere miedo para hablar nunca fortalece la democracia. La debilita.
