La tragedia del Jet Set permanece viva en la memoria de los dominicanos. Fue un evento que evidenció nuestra fragilidad institucional y la urgente necesidad de estar preparados para lo inesperado. Mientras el país aún llora esa catástrofe, otras tragedias se acumulan en silencio, dejando una estela de luto y preguntas sin respuesta. El pasado 2 de julio, cinco miembros de la familia Marte Vásquez murieron calcinados en Don Pedro, Santiago. Cuatro días después, dos hermanitos —de apenas cuatro años y cuatro meses— sufrieron graves quemaduras en el sector Hato Mayor, también en Santiago. Días antes, el 9 de junio, un incendio arrasó con la nave F1 de minoristas del Merca Santo Domingo, generando pérdidas estimadas entre 500 y 900 millones de pesos. En esa inmensa estructura de 7,200 metros cuadrados, apenas existían 12 casetas con extintores, en clara violación del Reglamento de Seguridad contra Incendios (Decreto 85-11).
Y para quienes aún creen que los incendios son una amenaza exclusiva de los barrios empobrecidos, recordemos que el fuego no distingue entre ricos y pobres, entre sectores populares o residenciales de lujo. Basta con mencionar lo ocurrido el 3 de julio en el exclusivo complejo turístico de Cap Cana: más de 20 villas de alto estándar fueron afectadas por las llamas. Nadie está exento, el fuego no discrimina y nuestra fragilidad institucional tampoco.
Seguimos dependiendo de un sistema bomberil disperso, sin coordinación nacional, donde cada municipio opera con su propia lógica, sus propios recursos y sus propias limitaciones. No existe una doctrina común, ni estándares unificados, ni una planificación estatal que garantice una cobertura estratégica y eficiente en todo el territorio nacional.
La solución no puede seguir esperando. Es urgente crear una Dirección Nacional de Bomberos con autoridad real, presupuesto propio, estándares técnicos comunes y capacidad operativa a nivel nacional. Una entidad que permita formar equipar y coordinar con eficacia a nuestros cuerpos de bomberos, sin importar si operan en Higüey, en Loma de Cabrera o en Naco.
La República Dominicana no puede continuar anclada en la improvisación. Ha llegado el momento de que las autoridades —desde el Poder Ejecutivo hasta el Congreso Nacional— escuchen con responsabilidad las iniciativas que buscan dignificar y fortalecer a nuestros cuerpos de bomberos. No es admisible que sigan siendo vistos como un simple apéndice municipal sin peso estratégico, cuando representan la primera línea de respuesta ante incendios, derrumbes, inundaciones y todo tipo de emergencias. Invertir en su profesionalización, unificación y equipamiento no es un lujo ni un gasto innecesario: es una apuesta estratégica por la seguridad nacional y la resiliencia del país.
En este contexto, el presidente Luis Abinader tiene una oportunidad histórica. Su último período constitucional podría convertirse en el escenario para saldar dos de las grandes deudas institucionales del país: la reforma del sistema bomberil y la reforma penitenciaria. Ambas han sido postergadas durante décadas, pero son esenciales para consolidar un Estado moderno, eficiente y justo. Los avances tangibles logrados en la reforma policial pueden servir como modelo y punto de partida para emprender estos compromisos pendientes, que hoy más que nunca exigen voluntad política, visión de Estado y sentido de urgencia.
