Cada semana hay más armas ilegales en las calles dominicanas. No porque la demanda haya crecido de forma extraordinaria, sino porque tener un arma legal en República Dominicana se convirtió en un lujo. Una pistola nueva, de última generación, que en Estados Unidos cuesta el equivalente a RD$75,000.00, en República Dominicana sencillamente no existe en el canal civil. Lo que el mercado ofrece es una usada, con suerte de tercera generación, porque desde 2006 no se autoriza la importación de unidades nuevas para particulares, a un precio que ronda los RD$680,000.00. Una caja de municiones que en su mercado de origen cuesta unos RD$850.00 se vende aquí hasta en RD$14,000.00. Esa brecha no es inflación. Es el mercado respondiendo a una escasez que el Decreto 309-06 fabricó. Y aquí está el punto más preocupante, y que aplica independientemente de si nos gustan o no las armas. Detener la importación no hizo que se compraran menos armas. Simplemente trasladó las ventas al mercado ilegal.
El Decreto 309-06, dictado en julio de 2006, prohibió la importación de armas de fuego y municiones destinadas al comercio con particulares. La intención fue legítima y respondía a una preocupación genuina. Reducir la circulación de armas y, con ello, los hechos violentos. Casi veinte años después, la evidencia apunta en otra dirección.
El Ministerio de Interior y Policía ha reconocido públicamente que el setenta por ciento de los homicidios cometidos en el país involucra armas en condición ilegal. En 2025, las autoridades retiraron de circulación más de seis mil quinientas. El sector formal experimentó una contracción severa. De las ochenta y cuatro armerías que operaban antes del decreto, hoy subsisten alrededor de cuarenta y cinco. El decreto no logró reducir el acceso a las armas. Logró que las que circulan sean invisibles para el Estado.
El ciudadano que decide adquirir un arma para su protección personal no enfrenta una decisión normativa sino económica. El canal legal, con precios que multiplican entre seis y ocho veces el valor internacional del producto, resulta prohibitivo para la mayoría. El canal ilegal ofrece exactamente lo mismo a una fracción del costo, sin requisitos, sin registro y sin que el Estado pueda rastrear la transacción. Esa ecuación, repetida miles de veces, ha trasladado una recaudación que antes generaba el Estado en impuestos de importación, ITBIS e impuestos selectivos al consumo hacia un mercado paralelo que no tributa, no genera empleo formal y no se somete a regulación alguna. Las más de cuarenta armerías que cerraron desde 2006 representan empleos que dejaron de existir y contribuciones al fisco que dejaron de generarse. Y hay un detalle que resume la dimensión real del problema mejor que cualquier estadística. Varios de esos negocios compraron inventario antes de que el decreto entrara en vigencia, armas pagadas, documentadas, listas para importar, que llevan casi veinte años retenidas en origen. Sus dueños cargan un crédito que, a este ritmo, quizás nunca puedan cobrar.
Y aquí está la paradoja que más debería incomodar a quienes diseñan políticas públicas en nuestro país. La Ley 631-16 instituyó uno de los sistemas de control de armas más exigentes de la región. Exige certificación de no antecedentes penales, evaluaciones psicológicas y físicas, pruebas antidopaje, acreditación en polígonos autorizados y registro integral en el Sistema Nacional de Armas. Toda arma corta que ingresa al registro nacional es sometida además a una prueba balística que captura las huellas únicas que el arma imprime sobre los proyectiles. Basta con recuperar uno en la escena del crimen para identificar el arma y a su portador autorizado en cuestión de horas. El Estado dominicano construyó una de las herramientas de investigación criminal más sofisticadas de la región. Sin embargo, el Decreto 309-06 se encargó de garantizar que el setenta por ciento de los crímenes llegue a manos de los investigadores sin huella, sin dueño y sin punto de partida. El Estado, en otras palabras, se sabotea a sí mismo.
El sistema vigente está desplazando la demanda hacia precisamente el segmento que más obstaculiza el trabajo de la Policía Nacional y del Ministerio Público.
Quien lea esto y concluya que la propuesta es poner más armas en la calle, estará leyendo mal. La propuesta es restablecer la importación regulada de armas de uso civil, manteniendo intactos y donde corresponda reforzando los rigurosos requisitos de la Ley 631-16, para que la demanda existente migre al circuito formal, trazable y fiscalizable. Y simultáneamente, endurecer de manera sustancial las penas por porte y tenencia ilegal. No como medida complementaria, sino como el otro pilar de la misma estrategia.
El precedente ya existe. El Decreto 30-23, de febrero de 2023, autorizó por seis meses la importación de armas de uso civil para empresas de seguridad privada debidamente registradas. La excepción demuestra que el ordenamiento jurídico dominicano admite mecanismos de apertura controlada compatibles con los objetivos de seguridad pública.
La tasa de homicidios de 8.15 por cada cien mil habitantes registrada en 2025, la más baja de nuestra historia reciente, es resultado de un trabajo institucional serio que merece reconocimiento. Precisamente porque la dirección general es correcta, el debate sobre los ajustes necesarios no puede postergarse. El setenta por ciento de homicidios con armas ilegales no es solo una estadística. Es la frontera donde la política actual encuentra sus límites y también el espacio donde se concentra el mayor margen de mejora.
Revisar el Decreto 309-06 no significa desconocer el contexto que lo originó. Significa hacer lo que toda política pública debería poder hacer en una democracia madura. Mirar los resultados de frente y ajustar cuando los datos lo exigen.
