El Congreso Nacional convocó al pueblo a opinar sobre el nuevo Código Penal. Vi a cientos de personas depositar 93 propuestas de los más diversos sectores, instituciones, organizaciones y ciudadanos, en representación de millones de dominicanos. No las leyeron y las arrojaron a la letrina de la indiferencia legislativa; despreciarlas equivale a soldar las válvulas de una caldera y luego sorprenderse de la presión. La falta es doble: el deber de escuchar y el respeto hacia el pueblo.
La historia cobra caro el oído sordo. La monarquía francesa, asfixiante por su fiscalidad excesiva, recogió en 1789 miles de cuadernos de quejas [los “cahiers de doléances”] y los desoyó: meses después, la Bastilla no quedaba en pie y, poco más tarde, tampoco la monarquía. Los pueblos toleran mucho, pero lo registran todo.
Mientras las propuestas aguardaban, vimos a los payasos políticos autoindulgentes que aplaudían antes de escuchar al pueblo, y de legisladores que no leían lo que votaban y promovían ideas contrarias a los intereses nacionales. De esa alianza de soberbia e ineptitud nace la iniquidad patriótica: legislar en perjuicio de la patria, una traición moral al mandato de un pueblo en el que reside exclusivamente la soberanía (Constitución, art. 2).
Exigimos una respuesta formal y por escrito a cada una de las 93 recomendaciones: cuáles se acogen, cuáles se rechazan y por qué. Callar es desconsideración; el derecho de petición (art. 22.4) obliga a responder. Una convocatoria sin respuesta no es participación; es utilería; una ofensa irredenta. Votar sin leer es delegar el voto a un redactor extranjero que nadie eligió.
Legislar de madrugada no dignifica. Las peores maquinaciones contra los pueblos se urden mientras los ciudadanos decentes duermen, a la hora en que los gatos y los ratones salen a comer. La nocturnidad agrava: nadie quiere un Código Penal redactado con la lucidez del insomnio.
El Congreso faltó al respeto a la dignidad y a la inteligencia del pueblo dominicano. Que no lloren cuando el escarnio público les presente las facturas pendientes con los intereses acumulados por el desprecio, la opinión, la protesta cívica y la urna.
