Para 2026, se estima que el pago de intereses de la deuda pública en República Dominicana representará el 24.2% de los ingresos fiscales, similar al nivel durante la pandemia de COVID-19, cuando el endeudamiento aumentó significativamente. Esto significa que RD$24 de cada RD$100 recaudados se destinarán a la deuda, según proyecciones oficiales de la Digepres y la DGII. Desde 2014, el pago de intereses ha crecido del 16.9% al 25.7% en 2020, con un leve descenso en 2021 y 2022, pero retomando una tendencia al alza desde 2023.
Un análisis de Despradel y Asociados (DASA) con datos del Banco Mundial señala que esta alta proporción de ingresos destinada a intereses limita la capacidad del Gobierno para invertir en infraestructura, ayudas sociales y políticas públicas. En 2023, República Dominicana fue el segundo país en América Latina con mayor carga de intereses sobre ingresos totales (18.7%), solo superado por Brasil (30.8%). Superó a México (18.6%), Costa Rica (15.9%), El Salvador (14.1%) y Colombia (13.8%), y estuvo muy por encima de Chile (4.6%), Uruguay (6.6%) y Nicaragua (6.9%).
El reto para las autoridades será equilibrar estos compromisos financieros con las demandas sociales y el crecimiento económico inclusivo. La presión financiera sobre las cuentas públicas es evidente, limitando la capacidad del Estado para implementar nuevas políticas.
Fuente: El Dinero
 con datos del Banco Mundial señala que esta alta proporción de ingresos destinada a intereses limita la capacidad del Gobierno para invertir en infraestructura, ayudas sociales y políticas públicas. En 2023, República Dominicana fue el segundo país en América Latina con mayor carga de intereses sobre ingresos totales (18.7%), solo superado por Brasil (30.8%). Superó a México (18.6%), Costa Rica (15.9%), El Salvador (14.1%) y Colombia (13.8%), y estuvo muy por encima de Chile (4.6%), Uruguay (6.6%) y Nicaragua (6.9%). El reto para las autoridades será equilibrar estos compromisos financieros con las demandas sociales y el crecimiento económico inclusivo. La presión financiera sobre las cuentas públicas es evidente, limitando la capacidad del Estado para implementar nuevas políticas. Fuente: El Dinero){kind=link}