Estados Unidos ha modificado sus sanciones contra Venezuela, permitiendo que el gobierno de ese país cubra los honorarios de los abogados que representan a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el proceso judicial por narcotráfico que se lleva a cabo en Nueva York. Esta decisión, revelada en un documento judicial el 25 de abril de 2026, autoriza a los defensores a recibir pagos bajo condiciones específicas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió licencias enmendadas para tal fin, estipulando que los pagos deben provenir de fondos disponibles para el gobierno venezolano después del 5 de marzo de 2026 y no de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros. Esta medida representa un cambio significativo en la postura del Departamento de Justicia y la administración del presidente Donald Trump, quienes previamente habían impedido el acceso a estos recursos, citando preocupaciones de seguridad nacional y política exterior.
Previamente, la defensa de Maduro, encabezada por el abogado Barry Pollack, había sostenido que la imposibilidad de sufragar los gastos legales violaba la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza el derecho a elegir representación legal, y había solicitado la desestimación del caso. El 26 de marzo, durante una audiencia en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el juez Alvin Hellerstein expresó escepticismo ante la postura de la Fiscalía, indicando que, tras su detención y traslado a EE. UU., la pareja ya no constituía una "amenaza para la seguridad nacional".
Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron detenidos el 3 de enero en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses y trasladados a una prisión federal en Brooklyn. Ambos se han declarado "no culpables" de cargos que incluyen conspiración para el narcoterrorismo e importación de cocaína. Se anticipa que el juicio formal contra la pareja no iniciará hasta dentro de uno o dos años.
