El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció nuevas medidas contra 27 ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, en cumplimiento de compromisos asumidos dentro de la iniciativa regional Escudo de las Américas para combatir la corrupción, el narcotráfico y las amenazas contra las instituciones democráticas.
La primera aplicación de esta política alcanza a 26 personas. En Bolivia fueron afectados 21 ciudadanos. A 12 de ellos les revocaron visas existentes, entre ellos el exministro de Justicia Iván Manolo Lima Magne, fiscales, jueces, un magistrado constitucional, un coronel de la Policía y un empresario. Otros nueve bolivianos que no poseían visas fueron declarados generalmente inelegibles para obtenerlas.
En Colombia, Estados Unidos revocó las visas del empresario Euclides Antonio Torres Romero y de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyu, vinculada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social.
En Ecuador fueron afectados dos ciudadanos y sus familiares, aunque el Departamento de Estado no reveló públicamente sus identidades. En Perú, la medida recayó sobre el juez constitucional de Lima Juan Carlos Núñez Matos y su familia.
De manera separada, el Departamento de Estado designó públicamente al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, por su presunta participación en “corrupción significativa”. Washington lo acusa de solicitar y aceptar sobornos para facilitar actividades de narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. Estas son acusaciones formuladas por el Gobierno estadounidense.
La designación de Mariaca fue realizada bajo la sección 7031(c) y lo hace, junto con sus familiares inmediatos, generalmente inelegible para ingresar a Estados Unidos.
Las acciones fueron anunciadas después de que los países participantes de Escudo de las Américas reafirmaran el 22 de septiembre su intención de coordinar sanciones, designaciones y medidas financieras contra actores que consideren vinculados al terrorismo, el crimen organizado y acciones que amenacen la seguridad, el Estado de derecho y la democracia en la región.
