La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitió este miércoles 15 de abril de 2026, desde Santo Domingo, una aclaración sobre su reciente Resolución núm. DGCP-DG-02-2026. El organismo busca disipar interpretaciones erróneas y enfatizar que las adquisiciones vinculadas a la seguridad nacional requieren controles más rigurosos, dada la naturaleza crítica de la información y los bienes involucrados.
Esta normativa se aplica exclusivamente a bienes y servicios destinados a la defensa, inteligencia o seguridad del Estado, abarcando tecnologías digitales, infraestructuras críticas y sistemas de información estratégicos. Su propósito es mitigar riesgos como vulnerabilidades, dependencias tecnológicas o accesos indebidos que puedan afectar la soberanía digital. La resolución se fundamenta en la Ley 1-26, que asigna a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) la responsabilidad de contribuir a la seguridad de los sistemas de tecnología de la información de la administración pública.
El Instituto Criptográfico Nacional (ICN), adscrito a la DNI, coordina las acciones de cifrado estatal, garantiza la seguridad tecnológica y funge como organismo certificador para el acceso a información clasificada. La resolución impone a todas las entidades estatales la obligación de implementar medidas técnicas y organizativas para proteger la confidencialidad e integridad de la información en las compras públicas. Además, deben asegurar mecanismos de cifrado, trazabilidad y auditoría en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).
Las instituciones también están obligadas a reportar incidentes de ciberseguridad al Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS) y al ICN, además de implementar monitoreo continuo. Para procesos de contratación específicos, se exige una certificación técnica previa del ICN, monitoreo de riesgos por parte de la DGCP y un informe de integridad técnico-estratégico antes de la adjudicación. Esta articulación entre la DGCP, DNI, ICN, CNCS y la División de Investigación de Delitos Informáticos busca fortalecer la seguridad de la información y la integridad en las contrataciones estratégicas del país.
