El actual candidato por la provincia Independencia de la República Dominicana, perteneciente al Partido Revolucionario Moderno (PRM), es Dagoberto Rodríguez Adames, quien ocupó el cargo de senador de esta provincia hace 20 años bajo la bandera del entonces Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
En el año 2006, el exsenador fue condenado por el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia de Barahona a pagar una multa equivalente a 75.4 salarios, totalizando RD$200,152. Fue hallado culpable de depredación dentro del área protegida del Parque Nacional del Lago Enriquillo.
Cabe destacar que este exsenador y actual candidato estuvo vinculado al entonces vicecónsul Orbis Freddy Peña Méndez. Rodríguez Adames lo defendió en momentos de su arresto y gestionó su excarcelación con el entonces procurador Víctor Céspedes Martínez. Recordemos que Peña Méndez fue arrestado el 28 de agosto de 2002 en la avenida Nicolás de Ovando esquina 41, en el sector Cristo Rey. En la jeepeta que conducía el ex cónsul se encontraron 46 paquetes de cocaína envueltos en cinta adhesiva, así como una pistola tipo metralleta, una pistola modelo Raven, un revólver marca Taurus, una pistola marca Smith & Wesson, dos celulares Motorola, 15 mil pesos, 500 dólares, 11 pasaportes haitianos, 4 dominicanos y uno francés.
La embajada de los Estados Unidos solicitó la revocación del visado B1/B2 del exprocurador Víctor Céspedes Martínez debido a la excarcelación de Peña Méndez. Esto quedó registrado en un cable diplomático confidencial fechado el 30 de agosto de 2004 y firmado por la entonces embajadora en funciones, Lisa Kubiske. Céspedes Martínez habría ordenado la liberación de Peña Méndez y otros asociados al partido de gobierno dos días antes de entregar su cargo durante la transición gubernamental tras la derrota del intento relacionista de Hipólito Mejía.
En resumen, estos acontecimientos ocurridos hace 20 años subrayan la relevancia de depurar a los candidatos a posiciones electivas en los partidos políticos dominicanos. A pesar del tiempo transcurrido, no olvidamos y reiteraremos nuestra exigencia al sistema político dominicano para que promueva un mayor grado de transparencia y responsabilidad al vetar a los candidatos que luego ocuparán cargos legislativos. Es imperativo elevar la calidad de los representantes que elegimos y, de una vez por todas, poner fin a la condenable práctica de seleccionar candidatos basándonos en sus condiciones económicas en lugar de considerar sus posiciones ideológicas, nobleza o moral. Es hora de poner fin a la narcopolítica en la República Dominicana.
