Mi abuelo, el doctor Francisco Ramón Carvajal Martínez, a quien todos conocían como "Bueyón", defendió durante toda su vida una idea que, para muchos, resultaba incómoda e incluso provocadora: la necesidad de una "democracia autoritaria". No hablaba de una dictadura tradicional ni de la supresión absoluta de las libertades públicas. Su planteamiento partía de una premisa distinta: preservar la libertad de expresión y el funcionamiento del Estado democrático, pero ejercer una autoridad inflexible frente a la corrupción, el nepotismo y cualquier conducta que colocara los intereses particulares por encima del interés nacional.
En una época en la que la desconfianza hacia las instituciones aumenta y los grandes escándalos de corrupción erosionan la credibilidad del Estado, vale la pena preguntarse si esa tesis, más allá de su carácter polémico, merece ser discutida. No necesariamente para adoptarla, sino para reflexionar sobre las limitaciones del modelo institucional que hoy tenemos y sobre el tipo de autoridad que una democracia necesita para defenderse de quienes la utilizan para debilitarla desde dentro.
La República Dominicana ha experimentado importantes avances institucionales en las últimas décadas. Sin embargo, también ha sido escenario de algunos de los mayores casos de corrupción de su historia reciente. El caso Odebrecht reveló el pago de aproximadamente US$92 millones en sobornos para obtener contratos de obras públicas. Posteriormente, surgieron investigaciones como la Operación Calamar, en la que el Ministerio Público acusa a varios exfuncionarios de integrar una estructura destinada a desviar miles de millones de pesos mediante pagos irregulares y financiamiento político ilícito. Más recientemente, distintas investigaciones sobre presuntos fraudes en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) han puesto nuevamente sobre la mesa el debate sobre los controles administrativos y la responsabilidad de los funcionarios públicos. Como ocurre con cualquier proceso penal en curso, corresponde a los tribunales determinar las responsabilidades individuales conforme al debido proceso.
Frente a este panorama, mi abuelo sostenía que el verdadero problema no era únicamente la existencia de funcionarios corruptos, sino la percepción de que la corrupción rara vez recibe un castigo proporcional al daño que ocasiona. En su opinión, la impunidad terminaba convirtiéndose en un incentivo para repetir las mismas conductas una y otra vez.
Su argumento encontraba respaldo en una visión clásica de la teoría del Estado: cuando las sanciones dejan de ser ciertas y eficaces, el poder disuasorio del derecho se debilita. Para él, una democracia incapaz de castigar de manera rápida y ejemplar a quienes saquean los recursos públicos terminaba convirtiéndose en un sistema vulnerable frente a quienes aprendían a utilizar sus propias garantías para perpetuar prácticas corruptas.
Como ejemplo contemporáneo, tomo el caso de El Salvador bajo la presidencia de Nayib Bukele. Desde 2019, ese país ha experimentado una reducción significativa de los homicidios y un cambio profundo en la percepción de seguridad ciudadana, ampliamente reconocido incluso por observadores internacionales. El endurecimiento de la política criminal, el control penitenciario y una mayor capacidad del Estado para enfrentar a las pandillas constituyen, para muchos de sus defensores, evidencia de que una autoridad fuerte puede producir resultados donde las instituciones tradicionales habían fracasado.
No obstante, ese mismo modelo también ha sido objeto de importantes críticas. Diversos organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos y especialistas en derecho constitucional han advertido sobre detenciones masivas, restricciones a garantías procesales y una creciente concentración del poder político. La experiencia salvadoreña demuestra que el debate no puede reducirse a una elección simple entre orden o libertad: el verdadero desafío consiste en determinar cuánto poder puede concentrar el Estado sin poner en riesgo el Estado de derecho.
Quizás el aspecto más controversial de la tesis de mi abuelo era su concepción del castigo ejemplar. Él sostenía, con la crudeza propia de otra generación, que la corrupción solo desaparecería cuando existieran consecuencias extraordinariamente severas para quienes traicionaran la confianza pública. Esa afirmación debe entenderse dentro del contexto de su pensamiento político y no como una propuesta jurídica compatible con el orden constitucional dominicano ni con los estándares contemporáneos de derechos humanos, que prohíben penas crueles y garantizan el debido proceso. Sin embargo, detrás de esa provocación existía una pregunta legítima: ¿puede una sociedad erradicar la corrupción si quienes la cometen perciben que el costo personal de hacerlo es relativamente bajo?
Ese interrogante continúa vigente. La historia demuestra que los países más exitosos en el combate contra la corrupción no necesariamente recurrieron a castigos extremos, sino a instituciones independientes, sistemas judiciales eficaces, certeza en la aplicación de la ley y una auténtica voluntad política para investigar y sancionar sin distinción de poder económico o influencia política. La severidad de una pena importa menos cuando la probabilidad de ser castigado es mínima.
Tal vez la mayor enseñanza de mi abuelo no radique en la literalidad de sus propuestas, sino en su diagnóstico. Él intuía que una democracia puede debilitarse no solo por el exceso de autoridad, sino también por la incapacidad de ejercerla. Una democracia que tolera sistemáticamente la corrupción termina perdiendo legitimidad ante sus ciudadanos.
La pregunta, entonces, no es si la República Dominicana necesita una dictadura disfrazada de democracia. La verdadera pregunta es otra: ¿cómo construir un Estado suficientemente fuerte para derrotar la corrupción sin dejar de ser plenamente democrático? Encontrar ese equilibrio constituye, probablemente, uno de los mayores desafíos de nuestra generación.
