Johnny González, señalado por apuñalar más de diez veces al joven Gustavo Adolfo Mejía-Ricart Risk cuando llegaba a su casa, en el sector Serrallés, tenía unos ocho registros policiales por robos, asaltos, tráfico de drogas y otros hechos.
Ocho registros. Ocho advertencias. Ocho momentos en los que el sistema tuvo frente a sí una conducta que podía escalar y no logró contenerla.
¿Cuántas fichas necesita acumular una persona para que el Estado comprenda que representa un posible peligro? ¿Diez, quince, veintinueve? ¿Debemos esperar a que alguien muera para revisar los expedientes olvidados, las investigaciones deficientes y las puertas giratorias de la justicia?
Los registros policiales no equivalen a condenas, pero tampoco pueden convertirse en simples números utilizados después de cada tragedia para demostrar que el sospechoso ya era conocido. Si existían pruebas, debieron sostenerse ante los tribunales. Si hubo sanciones, debió existir seguimiento. Si los casos fueron archivados, el país merece saber por qué.
Hoy Gustavo lucha por recuperarse. Mañana puede ser cualquiera de nosotros. Esa es la impotencia. Vivir sabiendo que quienes deberían protegernos ya habían recibido ocho advertencias y que ninguna fue suficiente.
¿Cuántas fichas más se seguirán acumulando mientras nuestras vidas permanecen expuestas?
