Una democracia se prueba no con sus aliados, sino con sus adversarios.
Alarma que los comités electorales de Baja Sajonia excluyan candidatos de Alternativa para Alemania (AfD) con base en informes de inteligencia, sin sentencia previa, defensa efectiva ni revisión oportuna.
Ocurre en una Alemania marcada por el pesimismo, el estancamiento industrial, el temor a la pobreza, la inflación, la inmigración masiva, la islamización tóxica, la violencia rampante y el deterioro de los servicios públicos.
Mientras el Gobierno eleva el gasto militar y aumenta la ayuda a Ucrania, la percepción es que se postergan o se ignoran los problemas internos y los reclamos de la población.
Ese malestar ha convertido a la AfD en la principal beneficiaria de la crisis y en una amenaza para los partidos tradicionales.
Pero su avance no autoriza reducir administrativamente la oferta electoral. Mientras no esté prohibida, la AfD puede competir y sus candidatos ser elegidos, salvo fallo judicial conforme a la ley.
Convertir informes de organismos subordinados al poder en acusaciones suficientes, y una votación de comité en sanción, sustituye el debido proceso por discrecionalidad.
No hace falta simpatizar con la AfD: las garantías protegen a quienes incomodan al poder. Una apelación resuelta años después no repara una elección celebrada sin determinados candidatos.
Si defender la democracia permite excluir a los adversarios sin juicio, deja de ser un principio y se convierte en una etiqueta del poder.
Alemania debe afrontar todo extremismo con leyes, pruebas y tribunales, no con atajos que debilitan lo que dicen preservar.
