La reducción de los nacimientos en el Distrito Nacional ya no puede tratarse como una curiosidad estadística. Es una señal de que formar una familia se está volviendo económicamente difícil para una parte creciente de la población. No existe una causa única: intervienen cambios culturales, mayor educación, decisiones personales y nuevas aspiraciones. Pero ignorar el peso de los salarios, la vivienda y los impuestos sería cerrar los ojos ante la realidad.
El Compendio de Estadísticas Vitales 2021-2025 de la Oficina Nacional de Estadística registra una caída de 31,841 nacimientos en el Distrito Nacional en 2021 a 18,888 en 2025. Son 12,953 nacimientos menos, equivalentes a una reducción de 40.7 % de natalidad en apenas cuatro años. La serie clasifica los nacimientos por provincia de registro y no necesariamente por residencia de la madre. Aun con esa cautela metodológica, la magnitud del descenso merece una respuesta pública seria e inmediata.
Menos nacimientos no significan automáticamente menos trabajadores ni una crisis absoluta. Sin embargo, si la tendencia persiste y no es compensada, el país enfrentará una población más envejecida, una base laboral relativamente menor y mayor presión sobre los sistemas de salud (SNS), pensiones (AFP) y cuidados. Esa discusión debe comenzar ahora, sin alarmismo y sin negar los datos.
El costo de vivir explica parte del problema. Según las estadísticas del Banco Central, la canasta familiar de la región Ozama —que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo— alcanzó RD$57,053.48 en julio de 2026, la más alta del país. Entre octubre de 2020 y junio de 2026 había aumentado 32.49 %. Esa canasta corresponde a un hogar representativo y no al gasto de una persona; por eso no debe confundirse con un presupuesto individual. Lo que sí demuestra es que la capital concentra la mayor presión sobre el bolsillo.
Para aproximarnos a la realidad de la Circunscripción 1, elaboré un ejercicio ilustrativo para una persona que vive sola, paga alquiler y no posee vehículo. Un presupuesto mensual básico ronda RD$58,500: RD$25,000 de alquiler; RD$13,000 de alimentación; RD$6,000 de electricidad, agua y conectividad; RD$4,500 de transporte; RD$4,000 de salud e higiene; y RD$6,000 para ropa, contingencias y un ahorro mínimo. No incluye financiamiento, combustible, seguro, mantenimiento ni estacionamiento de un automóvil.
Según la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), en el Distrito Nacional el 70% de los cotizantes no alcanzas los RD$50,000 pesos. Además, la escala publicada por la Dirección General de Impuestos Internos mantiene exentos del impuesto sobre la renta solamente los ingresos de hasta RD$416,220 anuales, equivalentes a RD$34,685 mensuales. Es decir, una persona puede comenzar a pagar ISR mucho antes de alcanzar el ingreso que necesita para vivir sola con un margen mínimo en una zona de alto costo.
La evidencia internacional apunta en la misma dirección. El informe sobre el Estado de la Población Mundial 2025 del Fondo de Población de las Naciones Unidas encontró que 39 % de las personas consultadas señaló las limitaciones financieras como un obstáculo para alcanzar subsistir y aun más lejano formar una familia. No es una prueba específica sobre el Distrito Nacional, pero confirma que el dinero, la vivienda y la inseguridad laboral sí influyen en las decisiones reproductivas.
Aquí debemos llamar las cosas por su nombre. La falta de previsión del empresariado cuando una compañía mejora sus márgenes y productividad, pero considera el salario únicamente como un costo que debe contenerse, sin reconocer el valor creado por sus trabajadores. No todo empresario actúa así, y muchas MiPymes operan con márgenes estrechos; la crítica debe dirigirse a las prácticas, no convertirse en una acusación indiscriminada. También hay negligencia gubernamental cuando el Estado celebra el crecimiento económico mientras posterga durante años ajustes tributarios, políticas salariales y soluciones habitacionales que protegerían el ingreso real de las familias.
La tarea del Estado y del sector privado es crear condiciones para que quienes desean formar una familia puedan hacerlo sin quedar condenados a la precariedad.
Tres acciones merecen prioridad. Primero, restablecer plenamente la indexación anual de la escala del ISR conforme a la inflación, como dispone el artículo 327 del Código Tributario, para que un aumento nominal destinado a recuperar poder adquisitivo no se convierta en mayor carga fiscal causa defendida por el Senador Omar Fernández. Segundo, establecer una política permanente de revisión salarial que considere inflación, productividad y capacidad sectorial, con mecanismos diferenciados para proteger el empleo y apoyar a las MiPymes. Tercero, impulsar vivienda asequible cerca de los centros de trabajo mediante suelo público bien utilizado como explico en mi artículo "Banreservas: comprar el suelo para transformar el barrio", y mayor densidad en corredores de transporte colectivo.
La caída de la natalidad no se resolverá con discursos ni con un bono aislado. Exige que el crecimiento llegue al salario, que el sistema tributario no castigue la inflación y que vivir cerca del trabajo deje de ser un privilegio. Un país no demuestra su prosperidad únicamente por el tamaño de su PIB, sino por la posibilidad real de sus ciudadanos de construir un hogar y proyectar un futuro.“Cash is King until there is no kingdom to rule”
